Política pesquera de la Unión Europea (3 abril 2008)

Política pesquera de la Unión Europea (3 abril 2008) Leyenda: Pregunta del diputado socialista Díaz Díaz sobre actuaciones pesqueras para que España lidere la política pesquera de la Unión Europea, y respuesta del Secretario de Estado para Asuntos Europeos, de Miguel y Egea. Fuente: Diario de Sesiones de las Cortes Generales - Comisión Mixta para la Unión Europea. 03.04.2008, n° 33. Madrid. http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum. p. 719-722. Copyright: (c) Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados - Comisión de Asuntos Exteriores URL: http://www.cvce.eu/obj/politica_pesquera_de_la_union_europea_3_abril_2008-es-327d5919-30ea-4963-ab6de70ee15c7058.html Publication date: 14/02/2014

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DIARIO DE SESIONES DE LAS

CORTES GENERALES COMISIONES MIXTAS Año 2001

VII Legislatura

Núm. 33

PARA LA UNIÓN EUROPEA PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. DON JOSEP BORRELL FONTELLES Sesión núm. 8

celebrada el martes, 3 de abril de 2001, en el Palacio del Congreso de los Diputados

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ORDEN DEL DÍA: Comparecencia del señor secretario de Estado de Asuntos Europeos (De Miguel y Egea) para informar sobre la posición del Gobierno acerca de la propuesta de reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente del Congreso 212/000306 y número de expediente del Senado 713/000117) ...........

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Preguntas: – Del señor Castro Rabadán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la respuesta del Gobierno español ante la propuesta portuguesa de construcción de un espacio ibérico hispano-luso que peemita una actuación conjunta ante la ampliación de la Unión Europea y en los mercados de Iberoamérica. (Número de expediente del Congreso 181/000439 y número de expediente del Senado 681/000123) ........................................................................................................

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— Del mismo señor senador, sobre razones del Gobierno para no haber seleccionado los proyectos que afectaban a la Comunidad Autónoma de Castilla y León y a cada una de sus provincias respecto del programa Urban II, para el período comprendido entre los años 2000 y 2006. (Número de expediente del Congreso 181/000440 y número de expediente del Senado 681/000124) .....................................................................................................................................

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— Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre actuaciones para que España lidere la política pesquera de la Unión Europea (UE) (Número de expediente del Congreso 181/000497 y número de expediente del Senado 683/000027) ....................................................

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– De la señora García Arias (Grupo Parlamentario Socialista), sobre posición del Gobierno acerca de la extinción del Tratado CECA en el año 2002, en lo referente al sector del acero. (Número de expediente del Congreso 181/000609 y número de expediente del Senado 683/000040) .................

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— De la misma señora diputada, sobre posición del Gobierno acerca de la extinción del Tratado CECA en el año 2002, en lo referente al sector del carbón comunitario. (Número de expediente del Congreso 181/000610 y número de expediente del Senado 683/000041) .........

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— De la misma señora diputada, sobre la posición del Gobierno acerca de la extinción del Tratado CECA en el año 2002, en lo referente a los principios comunes a los sectores del carbón y del acero. (Número de expediente 181/000611 y número de expediente 683/000042) ..........

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— De la misma señora diputada, sobre posición del Gobierno acerca del escaso cumplimiento del llamado «phasing in» de las políticas comprendidas en el Tratado CECA, en el presupuesto general de las Comunidades Europeas y en los diversos programas de la Comunidad Europea. (Número de expediente del Congreso 181/000612 y número de expediente del Senado 683/000043) .......................................................................................................................

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Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias: – De una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente del Congreso 158/000017 y número de expediente del Senado 573/000004) ......................................................................................

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— De una subcomisión en el seno dc la Comisión Mixta para la Unión Europea, encargada del seguimiento de los procesos de ampliación de la Unión Europea. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 158/000018 y número de expediente del Senado 573/000005) ..............................................................................................

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— De una subcomisión en cl seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia Intergubernamental del 2004. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 158/000019 y número de expediente del Senado 573/000004) ....................................................................................

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Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana. El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados y senadores. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias al secretario de Estado por la suya, al que damos la bienvenida a esta Comisión. Creo que alguno de los portavoces desea hacer alguna observación sobre el orden del día.

El señor GARCÍA BREVA: En el orden del día de hoy hay dos preguntas, que ha realizado el portavoz que les habla, sobre la posición del Gobierno respecto a la política de inmigración en la Unión Europea. Hemos tenido constancia de que el delegado del Gobierno para la Inmigración ha manifestado su interés por responder a estas preguntas, interés que compartimos. Por ello, solicitamos que se aplace la inclusión de las mismas al orden del día de la próxima reunión de la Comisión, puesto que nos parece de inte-

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rés para este grupo y para la propia Comisión que las responda el delegado del Gobierno.

ciativa del Gobierno. Quería dejar claro que atiende a una comparecencia a petición del Grupo Catalán.

El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algún portavoz algo que manifestar respecto a esta modificación del orden del día? El portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Si hubiera podido continuar, era mi intención decir que me parecía muy oportuno precisar la posición del Gobierno sobre este importante asunto y que el Grupo Parlamentario Catalán había pedido precisamente esta comparecencia. En pocas ocasiones ocurre que en nuestro sistema parlamentario caigan las cosas justo en la fecha que deben caer; ocurren los acontecimientos y están por medio los plazos para la petición de las comparecencias. Sin embargo, esta comparecencia llega hoy en un momento muy oportuno porque tiene lugar a los pocos días del Consejo Europeo de Estocolmo y justamente antes de que el presidente del Gobierno comparezca — mañana— para informar sobre ese Consejo. Me imagino que la naturaleza general de la intervención del presidente del Gobierno le impedirá entrar en los detalles, de modo que esta comparecencia da la oportunidad a esta Comisión de conocer los detalles del problema de la patente comunitaria, y es muy importante que sus miembros conozcan bien la entraña técnica de lo que está detrás de ese problema. El libro verde de la Comisión sobre la patente comunitaria y el sistema de patentes en Europa, publicado en 1997, planteó la necesidad de una nueva intervención comunitaria en esta materia, que permitiera superar la mera coexistencia de los sistemas nacionales y el sistema europeo de patentes basado en el Convenio de Munich de 1973, tras el fracasado intento de crear una patente comunitaria a través del Convenio de Luxemburgo de 1975 y el Acuerdo en materia de patentes comunitarias de 1989. La Comisión fundamentó esta iniciativa en la eliminación de las distorsiones de la competencia que podrían originar los títulos nacionales de protección, y en su utilidad como medio para favorecer la libre circulación de las mercancías protegidas por las patentes. El libro verde efectuaba una recopilación de los principales problemas detectados por la Comisión acerca del Convenio de Luxemburgo, fundamentalmente coste de las traducciones, sistema jurisdiccional, tasas nacionales y fórmulas de paso entre la patente comunitaria y la europea. Con ello, la Comisión abría un debate de alcance general, cuyos resultados se plasmaron en la comunicación de 5 de febrero de 1999 relativa al fomento de la innovación sobre la patente y el seguimiento que debía darse al libro verde citado. La Comisión se comprometió entonces a presentar, en el curso de ese mismo año, una propuesta de reglamento de patente comunitaria con carácter unitario, que pudiera producir los mismos efectos en toda la Comunidad.

El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Consideramos razonable esta solicitud y, por tanto, apoyamos al portavoz del Grupo Socialista. El señor PRESIDENTE: Supongo que el secretario de Estado tampoco tiene ninguna objeción que hacer. (Pausa.) Las incorporaremos al orden del día de la reunión que celebraremos, si nada lo impide, el 17 de abril próximo. — COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (DE MIGUEL Y EGEA) PARA INFORMAR SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE LA PATENTE COMUNITARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente Congreso 212/000306 y número de expediente Senado 713/000117.) El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día. Tiene la palabra el señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): El primer punto del orden del día es una comparecencia que habíamos pedido para informar sobre la posición del Gobierno acerca de la propuesta de reglamento del Consejo sobre la patente comunitaria. A mí me pareció que era interesante que esta Comisión mixta tuviera conocimiento de cuál es nuestra posición en este asunto. El señor GUADANS I CAMBÓ: Señor presidente, si me permite una cuestión de orden, esta comparecencia no la ha pedida el Gobierno, sino el Grupo Catalán. El señor PRESIDENTE: ¿Quería usted intervenir previamente? El señor GUARDANS I CAMBÓ: No, no. Sólo quería puntualizar que daba la impresión de que el secretario de Estado atendía a una comparecencia a ini-

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Al mismo tiempo, y con el fin de evitar los inconvenientes anteriormente apuntados, esta patente habría de ser accesible, con un coste comparable a una patente europea y que cubriera un número limitado de países, todo ello garantizando la seguridad jurídica. Esta iniciativa se vería completada con otras, como la propuesta de directiva sobre modelos de utilidad. El Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2000, cuyas conclusiones contienen una especial referencia a la creación de una zona europea de investigación e innovación, solicitó al Consejo y a la Comisión que garantizaran la disposición de una patente comunitaria para finales de 2001, insistiendo en la idea de que la protección de patentes de ámbito comunitario en la Unión fuera tan fácil y barata de obtener y de cobertura tan amplia como la otorgada por los principales competidores. Las conclusiones de Lisboa hacen extensivo este mandato a la propuesta de directiva sobre modelos de utilidad, al tratarse de una modalidad de propiedad industrial que se adapta muy bien a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas, que son mayoría en el tejido industrial español. Al término de la Presidencia portuguesa, las conclusiones del Consejo Europeo de Feira se hicieron también eco de la próxima presentación de propuestas por parte de la Comisión. Finalmente, la Comisión aprobó el 1 de agosto de 2000 la propuesta de reglamento sobre patente, actualmente sobre la mesa del Consejo. En términos generales, la propuesta de la Comisión plantea una serie de problemas relativos a la coexistencia de tres regímenes diferentes de protección —nacional, comunitario y europeo— que sería preciso articular de forma adecuada y que, por el momento, da lugar a una serie de interrogantes que constituyen los primeros puntos sobre los que el Consejo ha centrado su atención al iniciar el estudio de la propuesta. El primer gran problema es el vínculo entre la patente comunitaria y la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich, a la que pertenecer 20 países, cinco de ellos no comunitarios. Mencionaré que los cinco no comunitarios son: Mónaco, Chipre, Liechtenstein, Suiza y Turquía. La Comisión parte de la base de la adhesión de la Comunidad al Convenio de Munich, de tal forma que sería la citada oficina la encargada de tramitar y conceder las patentes comunitarias. Ello suscita una serie de cuestiones relacionadas con la atribución de funciones de aplicación del derecho comunitario a un órgano no comunitario, que cuenta con sus propias salas de recursos para dirimir en última instancia los conflictos que se produzcan. En el estado actual de examen de la propuesta, no se han aportado aún garantías suficientes de que dicha aplicación se realice de forma correcta. Existe un aspecto que preocupa a un buen número de delegaciones, entres ellas a la española, de forma que será necesario pedir un análisis más profundo a la Comisión de

las razones aducidas por ésta, fundamentalmente de orden económico —abaratamiento de costes—, antes de tomar la decisión de atribuir estas funciones a un organismo externo a la Comunidad. En general, existe coincidencia en que, en aras de la seguridad jurídica, el derecho comunitario en materia de patentes habría de ceñirse al derecho sustantivo del Convenio de Munich, evitando una dualidad de sistemas. Cuestión distinta es la necesidad o no de que la Comunidad se adhiera al citado convenio o que sea necesariamente la Oficina Europea de Patentes la que conceda la patente comunitaria. España mantiene en este punto que, por razones metodológicas, hay que explorar las posibilidades de establecer un vínculo estrecho entre ambos, sin descartar otras hipótesis pero con una premisa básica: la preservación de la aplicación íntegra del acervo comunitario sin que la Oficina Europea de Patentes interfiera en esa aplicación. En el Consejo de mercado interior del pasado 12 de marzo, la Presidencia sueca se propuso como objetivo obtener un mandato para dar una señal política inmediata a la oficina europea sobre la convocatoria de una conferencia diplomática que permitiera una posible adhesión de la Unión al Convenio de Munich. Después del debate —que fue duro— no obtuvo ese mandato porque varias delegaciones, entre ellas Italia, Portugal, Bélgica, Grecia y particularmente España, lo consideraron prematuro al no haber ni siquiera una aproximación de posiciones en el ámbito interno comunitario sobre las cuestiones clave. Tampoco existía ningún imperativo de procedimiento que obligara a tomar ningún tipo de decisión en este momento. Dar ahora, como sostuvimos, una señal a Munich en una determinada dirección suponía prejuzgar el fondo de la cuestión y privilegiar una opción determinada. La posición española es que de aquí al Consejo de mercado interior del mes de junio se puede intentar avanzar en torno a las diversas cuestiones planteadas de cara a tomar una decisión que resulte más adecuada. Las cuestiones —aparte de este tema jurisdiccional— son bastante importantes. En primer lugar, la delicada cuestión del régimen lingüístico. La adhesión al Convenio de Munich, en las condiciones de la propuesta de la Comisión, implicaría la exclusiva utilización del inglés, francés y alemán como únicos idiomas de la oficina gestora del mismo, tanto de funcionamiento como de procedimiento. Precisamente, como he indicado, en el ahorro del coste de traducción que ello supondría basa en buena parte la Comisión el fundamento de su propuesta, pero conviene meditar a fondo sobre un abaratamiento basado en la limitación a las tres lenguas de Munich, que podría producir el impacto no deseado de favorecer a empresas de países terceros. Hay que tener en cuenta que sólo el 46 por ciento de las solicitudes de patentes europeas en 1999 pertenecían a residentes en la Comunidad.

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Por otra parte, el régimen de Munich plantea ya en este momento importantes problemas para los empresarios españoles que deben acompañar una traducción de su solicitud a una de las tres lenguas oficiales del convenio, así como traducir las patentes de la competencia que se aplican parcialmente tras la concesión en las otras dos lenguas distintas de la concesión. España siempre ha sostenido en Munich la necesidad de traducir el documento completo al español por razones de seguridad jurídica como forma de que las empresas sepan el alcance de los monopolios de patentes de otras empresas y de información tecnológica, disponibilidad de patentes en español. Todas estas circunstancias pueden explicar en buena parte la reducida utilización que se hace en España del sistema de patentes de Munich. La propuesta de la Comisión pretende la supresión de las limitadas traducciones que ahora se realizan bajo el régimen de Munich cuando deban surtir efectos jurídicos en España, lo que profundiza aún más el problema. Además, el sistema impediría el retorno en nuesta lengua de una información tecnológica adecuada. Es preciso, por tanto, en nuestra opinión, alcanzar un compromiso que evite las consecuencias de orden jurídico, económico y político que este sistema de lenguas traería. Cabe recordar que en el actual régimen de la Oficina de Mercado Interior, con sede en Alicante, encargada de la gestión del reglamento de la marca comunitaria y del reglamento de dibujos y modelos, se estableció un régimen de once lenguas, pero que limita a cinco las lenguas de procedimiento, entre ellas el español. Ello constituye un valioso precedente, pero no necesariamente el único sistema posible. Los recientes intentos de ponerlo en cuestión, con ocasión del reglamento de dibujos y modelos, constituye una buena prueba de las dificultades y reticencias que suscita este régimen, por lo que cabe ir planteando a lo largo de la negociación otras posibles alternativas que garanticen la adecuada utilización de la lengua española. En este sentido, nuestra idea va por la vía de un reforzamiento del papel de las oficinas nacionales en el marco del reglamento y establecer un sistema con un alto grado de descentralización para favorecer oficinas que estuvieran en condiciones técnicas de realizar un cierto número de funciones, que podrían constituir una vía de salida para este y otros de los problemas técnicos que se derivan de la propuesta de la Comisión, más centralizadora que el actual Convenio de Munich, incluso la parte de tasas que actualmente perciben irían a parar a Munich. Por otra parte, Munich adolece de estrangulamientos importantes. El plazo medio de concesión de una patente europea es de cinco a siete años. Con la patente comunitaria esta situación se agravará, por lo que un sistema descentralizado ayudará a resolver el problema. Así, por ejemplo, la oficina española podría jugar un papel de órgano descentralizado de la oficina de

Munich que le permitiera conceder patentes comunitarias en español e incluir a nuestro idioma como lengua de procedimiento. Es una fórmula como cualquier otra, aunque en este momento de las negociaciones es aún prematuro avanzar opciones más concretas al respecto. No debemos, desde luego, perder de vista las cuestiones de gran importancia relativas a la información tecnológica y a la salvaguardia de nuestra actividad con los países iberoamericanos. Ha de tenerse presente que la Oficina Española de Patentes y Marcas es uno de los diez buscadores de patentes existentes en el mundo y el único en español, tal como se pone de relieve en la proposición no de ley para la potenciación de la administración de búsqueda internacional en castellano, aprobada por el Congreso de los Diputados el 23 de diciembre de 1999. El sistema jurisdiccional previsto en la propuesta de la Comisión, al pretender la creación de un tribunal comunitario de la propiedad intelectual e industrial que constituiría un órgano jurisdiccional centralizado, plenamente independiente del Tribunal de Justicia de la propia Comunidad y dotado de atribuciones de gran amplitud, ordenaría medidas profesionales, determinaría sanciones y concedería indemnizaciones por daños y perjuicios. Sus resoluciones tendrían fuerza ejecutiva, rigiéndose la ejecución por las normas vigentes en el Estado en cuyo territorio tenga lugar. La creación de una instancia judicial completamente independiente del Tribunal de Justicia implicaría una quiebra fundamental y sin precedentes del principio sustancial contenido en el Tratado, conforme al cual es el propio Tribunal de Justicia quien garantiza la unidad en la interpretación y aplicación del acervo y, por tanto, el derecho derivado. Ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, que las decisiones del nuevo tribunal de propiedad industrial podrían repercutir en la aplicación e interpretación no sólo del reglamento de patentes, sino en otros ámbitos del derecho comunitario que afectan a la propia esencia del mercado interior relacionadas con la libre circulación de mercancías. Por otra parte, el grado de centralización o descentralización de esta nueva jurisdicción y su relación con las jurisdicciones nacionales es una cuestión aún a debatir. Por ello, al resultar en cualquier caso necesario modificar el Tratado para incorporar al mismo una innovación de esta envergadura en el ámbito jurisdiccional, en Niza se han incorporado las cautelas necesarias para poder abordar de una forma abierta cualquier solución que finalmente pueda llegar a acordarse. Nos parece que, en primer lugar, se ha salvaguardado la unidad en la interpretación y aplicación del derecho comunitario. Cualquier nueva jurisdicción se inserta en el propio tribunal de tal forma que podrán agregarse salas jurisdiccionales para que ejerzan en determinados ámbitos específicos competencias jurisdiccionales previstas en el Tratado, su creación corresponderá al Consejo y contra sus resoluciones cabrá

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interponer recurso de casación o de apelación cuando así se determine. Otra segunda previsión plasmada en el nuevo artículo 229.bis, que ha sido modificado en Niza, permitirá que el Consejo atribuya al Tribunal de Justicia, en las condiciones que el propio Consejo determine, competencia para conocer litigios basados en actos que creen títulos de propiedad industrial. De esta forma se incorpora la posibilidad de conocer de litigios entre particulares, inexistentes hasta ahora. Ello va acompañado, finalmente, de una declaración en función de la cual este artículo no prejuzga ninguna solución que el Consejo pueda adoptar al respecto. Todo esto nos indica que el debate se encuentra en una fase preliminar, que requerirá arbitrar soluciones para solventar los problemas pendientes que acabo de señalar, muy en particular las cuestiones previas que se plantean como claves para proseguir la discusión, fundamentalmente régimen lingüístico, grado de descentralización o centralización en la concesión de la patente y solución de contenciosos, que son los tres grandes problemas. El Consejo Europeo de Estocolmo no ha aportado soluciones a estas cuestiones de fondo, limitándose a manifestar su inquietud por la falta de avances e instar al Consejo y a la Comisión a que aceleren los trabajos, de conformidad con las conclusiones de Lisboa y Feira y en plena sintonía con el actual marco legislativo. Será preciso, por tanto, desarrollar un notable esfuerzo para poder encauzar de aquí a junio estos puntos sustanciales de las propuestas de reglamento. Este debate en este momento se desarrolla en los grupos especializados del Consejo y en el Comité de Representantes Permanentes, a la espera de que se pueda lograr un acuerdo en el Consejo de mercado interior del día 5 de junio. En cualquier caso, señor presidente, mantendré informada a la Comisión mixta de cuantos datos relevantes se vayan produciendo en esta negociación; naturalmente, en el caso de que pudiéramos llegar a un acuerdo, el Consejo de mercado interior del día 5 de junio podría ya dirigirse a la Oficina Europea de Patentes y proponer que se convoque una conferencia diplomática para una adhesión de la Unión a esta oficina. Ya digo que, a nuestro juicio, esto no se hará hasta que no queden perfectamente claros esos tres problemas que he citado, fundamentalmente la descentralización, el problema lingüístico y el problema jurisdiccional. El señor PRESIDENTE: Ahora intervendrán los grupos, empezando por el solicitante de la comparecencia y después irán de mayor a menor, terminando por el Grupo Popular, tal como venimos haciendo en los últimos encuentros de esta Comisión, por un tiempo máximo de diez minutos. Señor Guardans. El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su información.

Efectivamente, este portavoz ha estado convencido en varias ocasiones de que esta iniciativa iba a caducar, creyendo que para cuando se tramitara en esta Comisión ya habría sido resuelta, puesto que el compromiso de Lisboa era que se hubiera llegado a una solución en el inicio de la cumbre de la primavera de 2001. No ha sido así. Lamento que eso haya sido así por la obstrucción de España, que da la impresión —y después de escucharle a usted tampoco se corrige esa impresión— de que detecta una serie de problemas sin ser capaz de aportar ninguna solución. Usted los ha apuntado, pero cuando alguien se opone a una iniciativa de este calibre y de la importancia enorme para el desarrollo industrial de España y del conjunto de Europa como tal, como potencia económica en el mundo, no puede limitarse a poner sobre la mesa aquello que considera que son problemas, que vamos a ver si lo son realmente, tiene que tener la obligación de no ser perro del hortelano, que no come pero tampoco deja comer, y poner sobre la mesa soluciones reales y asumibles por todos los demás. Eso no lo está haciendo España en este momento en este tema; no lo ha hecho en Estocolmo y, según la información que nos ha dado, tampoco lo va a hacer en el corto plazo, sino que parece que está esperando a que la solución se la dé otro. La importancia de la patente comunitaria no puede dejar de destacarse. Es un tema muy técnico. Voy a intentar no entrar en el detalle excesivamente técnico de este tema, pero está claro que estamos ante algo de lo que depende la propia competitividad de la industria europea y de la industria española en ese conjunto. Por tanto, necesitamos ese instrumento. Ese es el punto de partida. Esto no es un debate de técnicos o académicos, sino que es un debate real, es una urgencia por parte de la industria de tener ese instrumento; instrumento que, tal como está articulado en este momento, con el sistema de Munich ciertamente no funciona y no tiene la eficacia que tendría que tener. En eso estamos de acuerdo. Pero a partir de ahí, cuando se pone sobre la mesa una propuesta que tiene algunos problemas en cuanto a su articulación (me refiero sobre todo a cómo tiene que articularse ese sistema nuevo con el sistema preexistente de Munich), España sale con una serie de problemas que yo no acabo de compartir y me sorprende la trascendencia que le está atribuyendo el Gobierno. Me sorprende, entre otras cosas, porque prácticamente todos o buena parte de ellos son problemas que se arreglan con dinero. En esta vida los problemas que se arreglan con dinero son menos problemas. El primero es el problema lingüístico. Tengo que decir que a algunos diputados, en concreto a todos los de mi grupo y mi partido político, nos hace especial gracia, por llamarlo de alguna manera, el entusiasmo con el que el Gobierno español va a defender por Europa la lengua castellana, cuando luego circula por España ridiculizando y afirmando que eso de andar defendiendo identidades idiomáticas es una cosa del siglo

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pasado, que qué hacemos algunos defendiendo la identidad y el idioma y que cómo podemos pelearnos por un documento en un idioma, que cómo es posible, que qué tonterías decimos, y sin embargo ese mismo Gobierno y ese mismo presidente después traspasan las fronteras y son capaces de bloquear una iniciativa de ese calibre porque su idioma está en juego y porque consideran que peligra su idioma. Por tanto, eso no deja de tener su gracia y su reflexión política de fondo. Pero yendo incluso al ámbito estrictamente económico, se sabe que las patentes no las tramita directamente una empresa por su cuenta; una PYME no se dedica a redactar patentes. Las patentes se canalizan a través de las oficinas de patentes. Y no me refiero sólo a la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino a los agentes de patentes que tienen su función, por lo que estarían perfectamente capacitados para desarrollar una traducción. ¿Que es cierto que eso puede ponernos en una situación de una cierta debilidad ante otros idiomas? Sí, pero ese tema no es nuevo. En España no hablamos inglés, es así; en Irlanda hablan inglés y en España no hablan inglés, pero eso no lo va a cambiar este Gobierno, las cosas son como son. El crecimiento de Irlanda en los últimos años se basa en buena medida en que sus ciudadanos hablan —como dice un conocido mío— de una forma bastante aceptable un inglés muy correcto y eso ha contribuido; resulta que en España no y las pymes españolas no tienen como lengua propia el inglés. Eso es así. Pretender que eso se va a corregir, simplemente a base de obligar a que el español sea idioma de la patente comunitaria porque se cree que así se garantiza la competitividad y se solucionan los problemas de la presunta falta de competitividad de las empresas españolas, me parece absurdo, eso habrá que compensarlo por otra vía en cuanto al tema estrictamente de costes. Lo que habrá que hacer será buscar una solución de compromiso que compense el mayor costo económico de la traducción. Estamos de acuerdo en eso, pero no en cuanto al tema de fondo, entre otras cosas porque si no supongo que el Gobierno español está previendo ya, en aras al puro realismo, la traducción de las patentes al polaco, quiero creerlo. Con la misma legitimidad, y en aras a esa solidaridad que tenemos con Polonia, quiero pensar que está previendo la posibilidad de que las patentes se traduzcan al polaco y que el polaco sea un idioma oficial en la traducción de patentes. Mientras eso no sea así, si yo fuera alemán también me opondría a que se tradujeran al castellano o que se traduzcan al italiano. No tiro piedras contra el propio tejado, tengo todo el interés en defender la competitividad de las industrias españolas que se manejan en lengua castellana, pero seamos realistas, las cosas son como son. Por tanto, invirtamos en el inglés, ayudemos a la traducción y seamos un poco realistas, porque a base de pruritos de este estilo lo único que hacemos es violentar o anu-

lar el nacimiento de un instrumento que ha de tener mucha eficacia. En cuanto a los otros temas que ponen sobre la mesa, eso sí que es una discusión muchísimo más técnica y técnico-jurídica, en la que no querría entrar en debate con el secretario de Estado, pero que también le dejo bien claro que no comparto. No comparto, en absoluto, las inquietudes del Gobierno español en este punto. Comparto una cierta inquietud sobre los problemas de la centralización, por ejemplo, eso es cierto. Es posible que la centralización llevada al extremo pueda crear incluso un cierto colapso en la oficina de Munich, muy bien. El Gobierno español tiene que ser capaz de proponer una descentralización con soluciones concretas y de nuevo sabiendo que la descentralización no será sólo con la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es una de las más cualificadas en Europa, sino que supongo que habrá previsto que dentro de poco la Oficina de Patentes y Marcas de Varsovia también estará haciendo la patente comunitaria. Vamos a ver si estamos dispuestos a eso, y estamos dispuestos, por tanto, a ayudar financieramente al desarrollo de la Oficina de Patentes y Marcas de Varsovia. Pongo como ejemplo Varsovia porque hay que ser realistas, las cosas son como son, no estamos en compartimentos estancos. El discurso de la ampliación debe solaparse constantemente con todos los demás discursos. Si estamos dispuestos a hacer eso y estamos dispuestos a pagarlo, defendamos una cierta descentralización. Si no, vamos a dotar de más medios a la oficina de Munich, suscribamos el sistema de Munich, ábrase la conferencia internacional, la conferencia diplomática que permita que la Unión Europea ratifique el convenio de Munich y aprovechemos todo el know how que tiene un sistema que ya está en sus principios teóricos, aunque no en su funcionamiento práctico, y que funciona razonablemente bien. Finalmente, el tercer punto que España pone sobre la mesa para oponerse a esto, que es el tema jurisdiccional, tampoco lo comparto, señor secretario de Estado. Ya ve, de los tres, cero. En cuanto al sistema jurisdiccional, de repente le entra a España el terror de que se cree un sistema especializado en el ámbito de patentes, cosa por la cual viene llorando no sólo en el ámbito europeo, sino incluso en el propio ámbito español la gran mayoría de los expertos en este asunto. Que los litigios de propiedad industrial sean resueltos por expertos en propiedad industrial que conozcan perfectamente las consecuencias que tiene este tema y que se centren en resolver asuntos de una complejidad técnica y tecnológica, donde el derecho se mezcla con la tecnología de una manera creciente y espectacular. ¿Que eso supone la posibilidad de sacar del sistema jurisdiccional comunitario una determinada parte de la aplicación del derecho comunitario? Es posible, eso se arregla con el instrumento que ha introducido Niza, una revisión en algo que sería una especie de casación para

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determinados casos límite, para casos de contradicción, dejando esa posibilidad para el Tribunal de Luxemburgo. Eso es perfectamente posible y basta con que se articule con un poco de voluntad, no hay ningún inconveniente de fondo para que eso sea así. Además, lo que han defendido sus colaboradores —porque tampoco pretendo que usted sea Leonardo da Vinci y controle con la misma profundidad todos los temas— en esa comunicación que nos ha leído, y que ha sido consultada con el ex Ministerio de Industria y con la gente que está implicada directamente en estos asuntos, es que la jurisdicción del Tribunal de Luxemburgo en este tema plantea otro problema que por lo menos es, si no más, igual de grave y de novedoso, y es la posibilidad de que el Tribunal de Luxemburgo pase a entender de conflictos entre particulares, porque eso es algo absolutamente nuevo, que tiene sus ventajas pero también sus riesgos y sus gravísimos inconvenientes en cuanto a la carga de trabajo. Sería un frente por el cual el Tribunal de Luxemburgo pasaría a conocer estrictamente, aunque sea por vía de recurso, de conflictos entre particulares. Tampoco eso es la panacea, señor secretario de Estado, por eso le llamo a la reflexión sobre este punto. Para terminar, señor presidente, le diré que lo que España está bloqueando es muy serio, pone en juego la competitividad en la globalización, no en el seno de la Unión Europea sino ante Japón y Estados Unidos, de las propias industrias españolas y del conjunto de las industrias europeas, porque también es verdad que en el ámbito industrial, afortunadamente cada vez es más difícil de decir y precisar qué es español y qué es europeo. Las industrias españolas están participadas en buena medida, sobre todo aquellas con capacidad de patentar, por industrias europeas de otros países; hay industrias españolas invirtiendo en otros países; la propiedad industrial de la patente será o no será española; este es un tema en el que toda Europa va al unísono y no tiene ningún sentido que, desde una perspectiva (y permítame que se lo diga) nacionalista española, que es lo único que estoy viendo aquí, en defensa del idioma, pongamos patas arriba todo este sistema. Tiene su gracia, tiene su lectura política, que no dejaremos de hacer y de explicar a todo el mundo. Ahora resulta que es importante que los documentos oficiales europeos se redacten en castellano (que se redacten en otros idiomas oficiales que para algunos son propios es absurdo), pero eso no puede suponer el bloqueo de una iniciativa de este calibre, sobre todo no puede plantearse sin tener en cuenta la segunda derivada, y es qué ocurrirá con el polaco, qué ocurre con el italiano, por supuesto, y qué puede ocurrir con cualquiera de las demás lenguas de la ampliación. El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella Pedrola. El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, querría empezar por donde terminaba el señor Guar-

dans e interrogar al señor secretario de Estado sobre cuál es la motivación real de la posición española con relación al idioma que le ha llevado a bloquear. Tradicionalmente España en todos los organismos comunitarios ha venido defendiendo la posición de la igualdad de las lenguas, el derecho al uso de la propia lengua, y esa es una batalla permanente donde, en la medida en que siga creciendo la Unión Europea, nos vamos a encontrar con unas fuerzas tendentes a reducir el número de idiomas que se usan y en esa tensión España va a estar siempre en una situación fronteriza. El inglés aparece cada vez más como lengua franca, el francés aparece como la lengua que antes era la lengua franca para algunos sectores de la política, de la diplomacia, de la cultura, pero en un proceso de retroceso, y el alemán aparece como una lengua de creciente influencia al abrigo de la creciente influencia de Alemania, con lo cual yo entiendo y comparto perfectamente la posición del Gobierno con relación al mantenimiento del derecho al uso de la propia lengua en los actos comunitarios. ¿En qué se fundamenta esta reivindicación? Se fundamenta, por ejemplo, excluyendo a otras lenguas minoritarias, como el holandés o el danés, en la dimensión de España. ¿Sería la posición de España que se extendiera el derecho igual a todas las lenguas? Se lo pregunto porque si el baremo de medir la fuerza que se tiene al plantear esta exigencia es el de la población, está claro que España se hallaría, inmediatamente después de Italia, en una posición relativamente fuerte. Ahora, si el baremo es el peso de España en lo que es el objeto de esta directiva, nos encontramos más bien en una posición de país pequeño, porque frente a un número de registro de 111 patentes por millón en la Unión Europea, más de 35.000, nos encontramos con un registro de 12 patentes por millón de habitantes en España. Si nos comparamos con Francia o Alemania estamos veinte veces por debajo. Al final, al día de hoy, estamos hablando de aproximadamente 480 patentes que se pueden registrar en España y para las que España pediría que hubiese una versión española que tuviese validez oficial, pero entiendo que eso nos lleva también a pedir que lo que inventan otros se traduzca también al español. No sé si le he entendido bien o no, pero quisiera que nos clarificase exactamente cuáles son los términos con relación a esta dimensión del lenguaje. Otra cuestión a la que se ha referido el secretario de Estado es la jurisdicción. Por lo que yo entiendo, se trataría ahora de crear una sala especial dentro de los órganos jurisdiccionales ya existentes, dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no algo distinto y, por tanto, con personal especializado. Si esa es la fórmula, no parece que sea descabellada. Ahora bien, ¿qué ocurre en el ámbito nacional? En la medida en que sea un acto comunitario las autoridades judiciales nacionales entenderían, en vinculación con las autoridades judiciales comunitarias, en aquellos litigios que se susciten dentro de su propio país.

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Hay algo que no nos ha explicado el señor secretario de Estado, y quizá nos lo podría aclarar, y es que los litigios en esta materia son cada vez más trasnacionales. ¿Quién entendería de litigios entre ciudadanos o empresas de Estados miembros y ciudadanos o empresas de Estados no miembros? En el caso de la Oficina de Marcas, que está situada en Alicante, entenderían las autoridades judiciales españolas, para lo cual se va a modificar la ley de planta y se va a establecer una sala especial que pueda atender este tipo de litigios. ¿Nos podría decir el señor secretario de Estado qué propuesta hace el Gobierno para que este problema se resuelva en términos concretos y específicos y en qué plazo cree que puede estar resuelto este problema, que provoca que el coste de una patente en la Unión Europea sea cinco veces mayor que lo que cuesta proteger una invención en Estados Unidos o en Japón, además de la evidente y conocida inseguridad jurídica y del retraso al que se ha referido el secretario de Estado? Si el ahorro en el coste de una patente se pretende obtener exclusivamente por la reducción del lenguaje como criterio general, yo comprendo la posición del Gobierno, pero garantizando que lo que se invente en España tiene su expresión y su protección lingüística para esos mercados con los que compartimos un idioma, a los que usted se refería, y garantizando que se va a realizar una proyección común del acervo de invento europeo en una lengua franca, para, en definitiva, aumentar la competitividad y ampliar los mercados de la Unión, yo creo que por ahí se podía buscar una solución. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Entesa Catalana de Progrés del Senado. (Pausa.) No desea intervenir. Izquierda Unida. (Pausa.) No está. PNV. (Pausa.) Tampoco está. Coalición Canaria. (Pausa.) Tampoco está. Tenemos un éxito de público memorable. Grupo Mixto. (Pausa.) Grupo Popular, que sí está. El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Mi grupo parlamentario cree en la conveniencia de la existencia de una patente comunitaria que forme parte del ordenamiento jurídico comunitario, que sea única para toda la Comunidad, que tenga un precio asequible y ofrezca una seguridad jurídica apropiada y que permita a Europa, entre otras cosas, sacar el máximo provecho de la investigación y de los nuevos conocimientos, al tiempo que sirva para reducir el retraso que nos separa de los Estados Unidos y de Japón en lo que se refiere a la inversión del sector privado en investigación y desarrollo en la Comunidad, porque si queremos estimular la inversión en investigación y en innovación debemos proteger y recompensar adecuadamente la propiedad industrial. En la actualidad, como se ha dicho, el coste de proteger la propiedad industrial en Europa es demasiado elevado, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, y un dato revelador de esto es que

registrar y mantener una patente en Europa es en la actualidad, aproximadamente, seis veces más caro que en los Estados Unidos. Por todo ello, consideramos que la patente comunitaria es una herramienta esencial para conseguir que los resultados de la investigación y los nuevos conocimientos científicos y técnicos se transformen en logros industriales y comerciales. En la consecución de este objetivo hay una larga historia de antecedentes que ha señalado el secretario de Estado, al cual agradecemos la exposición exhaustiva y detallada que ha hecho, que demuestra que es un tema complicado en el que se va avanzando poco a poco, por etapas, y en el que se van limando dificultades y asperezas que no siempre son fáciles de limar. Yo quiero decir que hasta 1995, en que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, no se establece la competencia de la Comunidad para intervenir en el ámbito de las patentes, y es en ese momento cuando se establece que ello contribuye a realizar uno de los objetivos del Tratado, cual es la libre circulación de mercancías o el establecimiento de unas condiciones no falseadas de la competencia. Por ello, en 1997 se crea el libro verde y en 1999 la propuesta de reglamento relativa a la patente comunitaria establece la conveniencia de un sistema unitario para cada patente que permita garantizar, y esto es muy importante, la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías para todos los usuarios y consumidores de la Unión y, por tanto, una mayor transparencia en las condiciones de competencia para la empresas innovadoras. Yo creo que esto es fundamental, porque parte de las dificultades que existen en este momento y que no han permitido todavía llegar a una decisión consensuada es la imposibilidad de asegurar la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías para todos los usuarios y consumidores de la Unión. Aquí se ha hablado mucho y quien mucho habla mucho yerra, como es lógico, y no voy a personalizar las intervenciones. Sí tengo que decir que estamos de acuerdo con el secretario de Estado en que no se dan en este momento las condiciones de coincidencia de opiniones necesarias para que un tema tan importante y que viene de tan lejos se pueda cerrar de un carpetazo. Yo creo que lo que el Gobierno está haciendo lo está haciendo muy bien. El Gobierno está defendiendo sus propios intereses, según los precedentes legislativos que hay a nivel comunitario y que han llegado a la decisión de la patente europea que nos ocupa en este momento. Por ello se defendió en Lisboa la decisión de que la patente comunitaria, en la medida en que fuera posible, pudiera estar disponible a finales de 2001 y a lo largo de todos estos meses posteriores a Lisboa se ha venido contribuyendo al tema. Pero quiero recordar a esta Comisión que durante la Presidencia portuguesa y en el Consejo Europeo de Santa María da Feira una de las decisiones que se tomaron fue que todas las pequeñas empresas pudieran adquirir y acceder fácilmente a

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dicha patente comunitaria; y otra de las decisiones que se tomaron en el Consejo de Niza fue que el nuevo artículo 229 bis del Tratado de las Comunidades Europeas permitiera al Consejo, por unanimidad, atribuir al Tribunal de Justicia la competencia de pronunciarse sobre litigios vinculados a títulos comunitarios de propiedad intelectual. Y estos son temas importantes: primero, la igualdad de acceso a las pequeñas y medianas empresas; segundo, la competencia del Tribunal de Justicia de pronunciarse sobre litigios vinculados a títulos comunitarios de propiedad intelectual, decisión de Niza, y, tercero, la disminución de costes. ¿Qué estamos haciendo? Precisamente contribuir a eso. Decir que no compete al Gobierno de España defender su idioma creo que es una soberana tontería. Cada uno debe preocuparse por defender lo que es suyo y lo que es propio. Los demás que se ocupen de defender lo suyo. Al Gobierno español y a este Parlamento lo que le tiene que preocupar es defender los intereses de España y defender que el español, que es la lengua de trabajo de las pequeñas y medianas empresas en España, en general, entre otras —porque España es un país plural que tiene distintas lenguas oficiales, pero hay una lengua oficial que es la lengua franca en España para aquellos que han defendido la importancia de tener una lengua franca—, sea la lengua que nos permita a todos, en igualdad de oportunidades, jugar nuestro papel en el conjunto de la Europa comunitaria. Y a mí no solamente no me preocupa la defensa exhaustiva que está haciendo el Gobierno español del español, sino que me parece muy bien y me parece fundamental. Nosotros tenemos la obligación de defender la nuestra que es, tras el inglés, la segunda lengua de trabajo más importante en el mundo, muy por delante de las otras que en este momento figuran en la propuesta de reglamento de la Comisión. Y no en vano y por ello los países que se han opuesto han sido los países que no veían contemplados sus intereses y los intereses de sus pequeñas y medianas empresas en la propuesta de reglamento que se nos ha presentado. Pero, aparte de esto, hay importantes problemas en la no inclusión del español en la propuesta de la Comisión, importantes problemas para los pequeños empresarios españoles, que deben acompañar una traducción de la solicitud a una de las tres lenguas oficiales del convenio, así como traducir las patentes de la competencia que se publiquen parcialmente tras la concesión. Además, el sistema impediría el retorno a nuestra lengua de una información básica sobre la innovación y las patentes comunitarias. No en vano España está haciendo una utilización muy reducida del sistema de patentes de Munich. Y hay otros problemas que señalan la necesidad de alcanzar un compromiso que evite las consecuencias de orden jurídico, económico y político que ello tendría. No me voy a referir a los comentarios que el secretario de Estado ha hecho respecto a la descentraliza-

ción que sería necesaria en la organización de ese sistema de patentes. Simplemente quiero decir que los esfuerzos que se han hecho son necesarios, que debemos continuar haciendo estos esfuerzos, que no es un tema cerrado, que llevamos mucho tiempo luchando por un sistema de patente comunitaria que será beneficioso para todos, pero, en la medida en que se trate de defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas del mercado interior y del papel de España en la Unión Europea, el Gobierno puede contar con el apoyo y el respaldo de nuestro grupo parlamentario, y estoy seguro de que, si no en la próxima reunión del Consejo si durante la Presidencia española, se producirán avances importantes que permitirán ir solucionando los problemas actuales de manera satisfactoria para todos. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado para responder a las observaciones hechas por los portavoces. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Trataré de ser breve. Realmente yo quisiera subrayar que el Gobierno español fue inspirador del proceso de Lisboa y que estamos detrás de la redacción de la mayor parte de las conclusiones de Lisboa. La conclusión de Lisboa relativa a que había que procurar tener un régimen de patente comunitaria en el año 2001 es una idea nuestra y, por tanto, seguimos firmes en ella. Estamos todavía en el año 2001. Lo que a nosotros no nos ha parecido nunca sensato en el sistema comunitario es poner el carro delante de los bueyes, en una palabra, creer que la solución a la patente comunitaria es simplemente pedir la autorización para mandarle una comunicación a la Oficina Europea de Patentes en Munich y decir que convoque una conferencia diplomática. Parece que el deseo de mi querido colega, señor Pagrotsky, en el Consejo del Mercado Interior del 12 de marzo no era más que ése; es decir, en vez de debatir el tema, lo único que quería era obtener vía libre del Consejo para decir que nos íbamos a adherir a la Oficina Europea de Patentes y luego para poder añadir a su cuenta de resultados de Estocolmo —por cierto, bastante pobre— que, por lo menos, ya tenían autorización para ir a la Oficina Europea de Patentes, como si esta oficina fuera la panacea. Todos sabemos que es una oficina que funciona mal, que las patentes tardan de cinco a siete años y que, por cierto, sus funcionarios están en huelga de celo desde hace años y medio. Por lo tanto, la ingenuidad de la Presidencia sueca de pensar que eso nos va a arreglar el problema es una ingenuidad en la que desde luego este secretario de Estado no puede caer como representante de los intereses de un país importante como España y en la que tampoco creo que cayera ninguno de los diputados aquí presentes.

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Además, nosotros no estuvimos solos. Había seis delegaciones que pensaban lo mismo que nosotros y los demás no decían nada porque hay una técnica comunitaria conocida que, cuando hay un frente firme, se dice estos van a tener un frente firme, nosotros nos callamos porque para qué nos vamos a gastar. Nosotros hicimos una cosa que no ha hecho ninguna delegación, que fue poner una propuesta sobre los grandes temas encima de la mesa, propuesta que, por cierto, está a disposición de SS.SS. y que yo les puedo enviar. Nosotros decíamos: no empecemos la casa por el tejado, hagamos primero la base de lo que queremos y después ya iremos a la Oficina Europea de Patentes. ¡Como si la Oficina Europea de Patentes fuera una cosa inaccesible! ¡Pero si es nuestra, si estamos ahí nosotros representados! Podemos ir a la Oficina Europea de Patentes cuando nos dé la gana. Todo el debate de los suecos era decir: Es que si lo decidimos el día 5 de junio en el Consejo de Mercado Interior no hay las cuatro semanas suficientes antes de la reunión que van a tener el 26 de junio para hacer la propuesta. Bien, pues una de dos, o ponemos el Consejo de Mercado Interior cuatro semanas antes o le decimos a la Oficina Europea de Patentes que se reúna, en vez del 26 de junio, el 26 de julio. Entonces dijeron no, es que el 26 de julio son vacaciones. Bueno, pues el 26 de agosto. No, es que también son vacaciones. Bueno, el 26 de septiembre. ¿Qué prisa hay? Lo importante es hacer lo que hay que hacer. Hay otro tema que tampoco es baladí, que es el de las tasas. Yo tengo que recordar a los diputados aquí presentes que la Oficina Española de Patentes y Marcas ingresa 1.200 millones de pesetas por tasas, nada más que por tasas, en un país donde hay pocas patentes. ¿Nosotros vamos a transferir a un organismo que está en Munich un volumen absolutamente espectacular de tasas que saldrían del control del presupuesto comunitario? Esa es otra cosa que tendríamos que negociar con Munich, cómo se van a administrar esas tasas y quién las va a administrar. Pero este es un tema pequeño. El gran tema aquí es el jurisdiccional, desde luego, que tiene que quedar bien claro. Yo no digo qué es lo mejor —y, naturalmente, todos somos muy conscientes de los cambios que introduciría en el Tribunal Europeo de Justicia—, pero nosotros pensamos que en temas tan importantes como el de la propiedad intelectual los contenciosos se decidan en un ámbito extraño al ámbito jurídico de la Unión Europea contiene peligros, porque podría haber desviaciones jurisprudenciales con respecto a temas muy importantes que afectan a grandes políticas de la Unión. Por tanto esto, en cualquier caso, hay que hablarlo, no lanzarnos a adherirnos a la Oficina Europea de Patentes y decir que luego hablaremos. No, no. Vamos a ver cómo lo hablamos, vamos a ver si efectivamente esto plantea un problema mayor y, como dice el diputado, señor Guardans, abre una vía nueva (no sabemos si será buena o mala, pero nueva) y habrá que ver sus implicaciones. Eso habrá que hablar-

lo, y nosotros pusimos sobre la mesa un papel sobre este tema. Respecto a la descentralización, hoy hay una serie de oficinas de patentes que trabajan con Munich. Nosotros nunca hemos dicho que no queremos trabajar con Munich. La propuesta española es decir que Munich esté ahí, que aceptamos Munich como la instancia superior, que aceptamos el régimen lingüístico de Munich, que es el régimen lingüístico fundamental, pero eso no impide que, a un nivel descentralizado, una gran parte de la gestión de la patente se pueda hacer por las oficinas hoy existentes —que, por cierto, existen unas cuantas, no solamente la Oficina Española de Patentes y Marcas, sino que existe otra en Suecia, otra en Austria, otra en Holanda— que están hoy en día trabajando en perfecta armonía con Munich. La Oficina Española de Patentes y Marcas trabaja en perfecta armonía con Munich y no tiene ningún problema. Y yo digo ¿por qué razón nosotros, de un plumazo, simplemente porque la Presidencia sueca decide que hay que adherirse a Munich, tenemos que suprimir un acervo que nosotros tenemos, que es extraordinariamente valioso, que nos ha costado muchísimo dinero consolidar? Porque la Oficina Española de Patentes y Marcas es una buena oficina y funciona muy bien. Y yo no quiero entrar en el debate lingüístico, en qué lengua es la más importante o la menos importante. Yo creo que ése no es el debate. Aquí el debate es saber qué es lo que aporta a la Unión el hecho de que exista en España una Oficina Española de Patentes y Marcas, que es un foco no solamente de trámite de patentes por parte de la población española que, como decía el diputado Estrella, al final tampoco son tanto 40 millones de pesetas cuando los comparas con los 100 millones alemanes o con los 60 millones italianos. Es que la Oficina Española de Patentes y Marcas es la referencia para todo un mundo industrial y tecnológico hispanohablante, que son más de 300 millones de personas. Por tanto, suprimir esa vía que están utilizando y que pueden utilizar en este momento empresas de países latinoamericanos que entrarían dentro del flujo de la Oficina Europea de Patentes es, simplemente, desde el punto de vista industrial, una insensatez para Europa, porque pierde la posibilidad de que entre en Europa todo ese flujo, flujo que se canaliza a través de España. Nosotros nunca hemos visto la razón de suprimir oficinas que funcionan perfectamente. Lo que nosotros estamos diciendo es que encaucemos estas oficinas como están ahora en el esquema general —la oficina de Munich como la oficina fundamental, la que dirige todo— y que puedan hacerse los trabajos de manera descentralizada en las oficinas que existan —por cierto, hay países que no tienen oficinas, pero, a lo mejor, podrían fundarlas si quisieran—, con lo cual tendríamos un sistema descentralizado en el que las patentes se podrían gestionar hasta un cierto nivel, sobre todo para los temas que son poco problemáticos. Por ejemplo, se

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podría también decidir a partir de un volumen económico equis o en cuestiones en las que fueran patentes que implicaran a multinacionales o, cuando hubiera algún tipo de contencioso, naturalmente, la instancia superior, la única, la legítima, con el sistema lingüístico que está establecido, sería ésa. Eso contribuiría a mantener la unicidad del sistema y, al mismo tiempo, mantener una descentralización que no solamente favorecería a los países en el régimen lingüístico; naturalmente, nadie le impediría, y con eso respondo al señor Guardans, a los polacos hacer un esfuerzo y montarse su propia oficina polaca de patentes que trabajara conjuntamente con Munich; nadie se lo impediría. Al final, la referencia sería Munich y el régimen lingüístico de Munich, pero ellos podrían trabajar en el nivel inferior, precisamente en virtud de ese tan traído principio de subsidiariedad que algunos países nos repiten todos los días. Por cierto, a los nórdicos, y particularmente a los suecos, les gusta mucho, pero, a la hora de aplicarlo, parece que lo que quieren es eliminar todo lo que hay y establecer un único sistema, y eso a nosotros no nos parece necesario. A nosotros nos parece que se pueden preservar las oficinas nacionales. Además, con las oficinas nacionales se preserva un acervo importante, que es la lengua, y, en el caso del español, no solamente la lengua de los españoles, sino la lengua de casi todo un continente, el de América, que tiene una vinculación muy particular con Europa. Si todo es posible, que lo es; si todo es factible, si no tiene ningún problema porque en este momento está funcionando así, ¿por qué no se hace ahora que vamos a abordar el tema de la patente comunitaria? En cualquier caso, nosotros hemos hecho una propuesta, propuesta que, como les digo, trasladaré a SS.SS., y lo que estamos esperando es que la Presidencia sueca y la Comisión, el señor Bolkestein, que es el comisario —por cierto, extraordinariamente competente; un hombre inteligente y abierto con el cual no tenemos ningún problema—, nos dé una respuesta. Estamos deseando debatir eso; estamos empezando a debatirlo ya. Podemos tener las ideas más o menos claras sobre estos grandes temas de aquí al día 5 de junio y ese día, con unas premisas claras sobre lo que queremos de la patente comunitaria, ir a lo más fácil: pedir que se reúna la conferencia diplomática para la admisión de Europa en la Oficina Europea de Patentes. No veo mayores dificultades. Y, en este caso, el titulado bloqueo no es más que pedir que el Consejo tenga un período de reflexión para profundizar en los grandes temas que están ahí: la descentralización en función de la subsidiariedad; la lengua, que va junto con ello; las tasas, y la jurisdicción y, una vez que tengamos las ideas claras, ir adelante. Por tanto, por lo que a nosotros respecta, tengo que decir que no nos hacemos reproches de estar bloqueando este tema porque no es así; estamos en tiempo. Sí hemos frustrado ese prurito que tenía la Presidencia

sueca de querer llegar a Estocolmo y decir: nos vamos a adherir y vamos a convocar la conferencia diplomática. Eso es lo más fácil de todo porque es evidente que la Oficina Europea de Patentes está encantada de recibir a la Unión dentro de su seno. Además, los países que forman la Oficina Europea de Patentes son todos, los quince de la Unión más los cinco que he citado. Todavía alguien decía: hay que hacerlo antes de que vengan ocho nuevos. Yo pregunté en el Consejo cuáles eran los ocho nuevos y son precisamente ocho países candidatos a la adhesión. Por tanto, no hay ningún problema, ya que esos países candidatos a la adhesión van a jugar con la Unión Europea en todo este sistema. En consecuencia, quiero reiterar el deseo del Gobierno español de ir adelante. Suscribo todo lo que han dicho los señores Guardans y Estrella en el sentido de que éste es un tema importante para el desarrollo de la patente europea. Y es importante para nosotros, pero sobre todo lo es para otros, porque España tampoco tiene un nivel tan alto de patentes por habitante. La verdad es que hacer esto sin tener en cuenta las premisas básicas de lo que debe ser un esquema comunitario nos parecía realmente fuera de contexto, razón por la que ahora seguimos trabajando a ver si somos capaces de tener una solución el día 5 de junio. El señor PRESIDENTE: ¿No hay más intervenciones? (Pausa.) Agradecemos al secretario de Estado sus explicaciones. PREGUNTAS: — DEL SEÑOR CASTRO RABADÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA RESPUESTA DEL GOBIERNO ESPAÑOL ANTE LA PROPUESTA PORTUGUESA DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO IBÉRICO HISPANO-LUSO QUE PERMITA UNA ACTUACIÓN CONJUNTA ANTE LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN LOS MERCADOS DE IBEROAMÉRICA. (Número de expediente Congreso 181/000439 y número de expediente Senado 681/000123.) El señor PRESIDENTE: El punto siguiente del orden del día son las preguntas. En primer lugar, pregunta del senador Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra para formularla. El señor CASTRO RABADÁN: Esta pregunta, que fue tramitada el 5 de diciembre y reiterada recientemente, se refiere a la reunión sobre el encuentro de España y Portugal en el horizonte del 2010, celebrada el 24 de octubre. En esta reunión, el ministro de Economía de Portugal, junto con otros ministros portugueses y españoles, plantearon al vicepresidente señor Rato la necesi-

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dad de construir un espacio ibérico que permita una unidad de acción frente a los retos de la ampliación de la Unión Europea en las relaciones comerciales y de inversión en América latina. El ministro de Economía portugués, Mario Cristina de Sousa, defendió el proyecto de espacio ibérico vinculado a una estrategia de internalización compartida entre las empresas de ambos países con dos ejes prioritarios: el del Mediterráneo y el de América latina, donde, según sus palabras, tenemos todo que ganar con estrategias concertadas. Se trata, según el ministro portugués, de definir unos planteamientos a nivel comunitario y en los organismos financieros multilaterales que permitan aprovechar las sinergias y complementariedades para reforzar las capacidades competitivas portuguesas y españolas entre las empresas pequeñas y medianas. Se ha considerado especialmente relevante esta cooperación de los países ibéricos para equilibrar el crecimiento de la economía norteamericana en América latina, donde España y Portugal canalizan el 50 por ciento de sus inversiones exteriores, ya que, con la ampliación de Mercosur a la comunidad andina en el horizonte del 2002, se dará lugar a un mercado liberalizado de 320 millones de habitantes, con un producto interior bruto de cerca de 1 billón 300.000 millones de dólares. Por ello le pregunto: ¿qué respuesta tiene el Gobierno español ante la propuesta mencionada en dicha reunión? El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): Éste fue un debate que no se materializó en una propuesta formal sobre la construcción de ese espacio ibérico hispanoluso para actuar conjuntamente tanto en los mercados iberoamericanos como en relación con la ampliación. Sí existe, y ambos países lo han dejado claro en la reciente cumbre bilateral que tuvo lugar en Sintra el pasado mes de enero, el deseo y la necesidad de incrementar las consultas entre las dos administraciones en campos en los que hay una coincidencia de intereses, como resulta evidente que ocurre en la ampliación de la Unión y en las relaciones Unión Europea-América latina, especialmente con la preparación de la próxima cumbre Unión Europea-América latina-Caribe, que tendrá lugar bajo Presidencia española. Se acordó, como conclusión de esta cumbre de Sintra, que las posiciones de España y Portugal tenían que ser objeto de una coordinación previa y que tanto en las negociaciones de ampliación como en las relaciones con América latina, y particularmente en la preparación de la cumbre y las negociaciones con Mercosur y Chile, teníamos que tener una coordinación previa para tener posiciones comunes. Precisamente como seguimiento de esta idea el jueves de la semana pasada he tenido una reunión con la nueva secretaria de Estado de Asun-

tos Europeos de Portugal, doña Teresa Moura, que ha sustituido al señor Da Costa. Recientemente, el día 10 de marzo, inmediatamente después de su nombramiento, he acudido a Portugal para tener una primera reunión de coordinación sobre estos grandes temas y fundamentalmente hemos acordado toda nuestra estrategia con respecto a las negociaciones de ampliación, en lo que tenemos un alto grado de convergencia, sobre todo en un punto que nos afecta muy particularmente, que es la posición en la negociación del capítulo agrícola y sobre todo del capítulo de política regional. España y Portugal entienden que particularmente en este capítulo es necesario que en el problema que se puede plantear de aplicación automática de la convergencia estadística sería muy necesario que arbitráramos la manera de obtener un periodo transitorio para su aplicación. Todo ello en lo relativo a la ampliación, respecto a la que hablamos con gran detalle sobre otros muchos temas y sobre otros capítulos de la negociación. Por lo que respecta a las relaciones con América Latina puse al corriente a la secretaria de Estado de todos los preparativos para la cumbre América Latina Caribe, pero de lo que hablamos de manera más concreta fue del tema de las negociaciones con Mercosur, con Chile, punto en el cual también estuvimos totalmente de acuerdo en la aproximación y en mantener una postura común y coordinada en los grupos de negociación y naturalmente en los consejos. Por tanto, no existe formalmente esa construcción de un espacio ibérico hispanoluso pero sí existen unos acuerdos de la cumbre de Sintra para trabajar conjunta y coordinadamente y tener posiciones comunes tanto en el ámbito del desarrollo de la política latinoamericana de la Unión como en el tema de la ampliación. — DEL SEÑOR CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES DEL GOBIERNO PARA NO HABER SELECCIONADO LOS PROYECTOS QUE AFECTABAN A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN Y A CADA UNA DE SUS PROVINCIAS RESPECTO DEL PROGRAMA URBAN II, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2006. (Número de expediente del Congreso 181/000440 y número de expediente del Senado 681/000124.) El señor PRESIDENTE: Pregunta número 3, también del senador don José Castro Rabadán. Tiene la palabra. El señor CASTRO RABADÁN: La pregunta que voy a formular alude a una cuestión que ya ha sido planteada en distintos niveles parlamentarios y que tiene contestación hoy aquí en esta Comisión. Se refiere al plan Urban II en el periodo 2000/2006.

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La iniciativa Urban, que está destinada a promover acciones de desarrollo urbano en ciudades con especiales problemas, ha sido utilizada por distintas ciudades españolas para hacer una serie de proyectos. En España se han beneficiado últimamente 10 ciudades, es decir, una cuarta parte del número de ciudades beneficiadas en períodos anteriores, que llegaron a ser 40, disminuyendo las ayudas en un 43 por ciento al día de hoy. El artículo 28 del reglamento Urban destina el 75 por ciento de la financiación de los proyectos a las ciudades en territorios Objetivo I, en el que se encuentra integrada Castilla y León, entre otras regiones, y sólo se financia hasta el 50 por ciento a aquellas otras ciudades fuera del objetivo 1. De las 10 ciudades que últimamente han sido elegidas por el Gobierno español con proyectos Urban cuatro de ellas están fuera del Objetivo 1, puesto que esta financiación debe ir a ciudades con especiales problemas de regeneración, de desempleo, de exclusión social y de problemas medioambientales. A España se le han concedido cerca de 17.000 millones de pesetas (106 millones de euros) para proyectos tanto en Andalucía, como en Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, habiendo quedado fuera todos los proyectos de las ciudades de Castilla y León. Estos proyectos tenían como finalidad la recuperación de barrios urbanísticos y laboralmente bastante degradados. Algunas provincias como Barcelona, Navarra y Guipúzcoa, sin menoscabo en absoluto de ellas, han recibido y reciben ayudas del plan Urban contra la marginación y, sin embargo, disponen de un nivel de vida muy superior a León, Zamora o Salamanca. Al parecer, al no haber sido seleccionado ningún proyecto de Castilla y León, el entonces presidente de esta comunidad autónoma, don Juan José Lucas, hoy ministro de la Presidencia, se quejó por escrito al ministro de Hacienda, señor Montoro, e incluso a su compañero y amigo, por haber sido presidente y consejero, el señor ministro de Administraciones Públicas, señor Posada, sin que, al parecer obtuviese contestación, según datos del propio Gobierno regional. Las ratio de renta —paro, marginación y declive económico— habrían inclinado a favor de Castilla y León la balanza y ello tendría como consecuencia el que algunos de esos proyectos hubiesen salido adelante. No fue así. Solamente Salamanca, Valladolid y León tuvieron un programa Urban, entre un total de 40, y el desequilibrio, al no haberse aprobado ningún proyecto en Castilla y León en el reparto de ayudas europeas Urban, sigue aumentando, sin que exista una política compensatoria interna en el Gobierno español respecto a este problema. Ni el Ministerio de Hacienda, ni la Junta de Castilla y León, según declaraciones de miembros del Gobierno regional, ni los parlamentarios de Castilla y León han hecho ni dicho nada que ayudase a superar ese desequilibrio y a hacer justicia a los proyectos de los ayuntamientos de la región, que pertene-

cen a diversos partidos, e incluso muchos de ellos al partido del Gobierno. No se sabe por qué fueron excluidos. En este caso se cumple el dicho popular de que al perro flaco todo se le vuelven pulgas; en este caso a Castilla y León. Por todo ello, señor secretario de Estado, mi pregunta es la siguiente: ¿qué razones tiene el Gobierno para no haber seleccionado los proyectos que afectaban a la comunidad autónoma de Castilla y León y a cada una de sus provincias respecto al programa Urban II para el periodo 2000/2006? El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel Egea): La contestación a esta pregunta oral planteada por el excelentísimo senador por Salamanca, don José Castro Rabadán, me gustaría efectuarla en la misma línea argumental que se ha manifestado con anterioridad, cuando se han planteado preguntas sobre la distribución de la iniciativa Urban en España. Las orientaciones relativas a la iniciativa Urban fueron adoptadas por la Comisión Europea el 28 de abril de 2000 y publicadas con fecha 19 de mayo de 2000 en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas. En ese texto, concretamente en su anejo 2, se señala la cantidad de ocho zonas como número indicativo de zonas urbanas a subvencionar dentro de esta iniciativa para el Estado español. Del conjunto de las solicitudes recibidas de los ayuntamientos de todo el territorio nacional, que ascendían a 86, después de un complejo proceso de selección atendiendo a los criterios señalados en las mencionadas orientaciones de la Comisión, únicamente pudieron seleccionarse proyectos correspondientes a las siguientes 10 ciudades: Jaén, Granada, Cáceres, Orense, Teruel, Gijón, Sant Adriá de Bexós, San Cristóbal de La Laguna, Pamplona y San Sebastián (Pasajes). Debe tenerse en cuenta que anteriormente, dentro del programa operativo Urban relativo al periodo 1994/1999, ya fueron seleccionadas las ciudades de Valladolid y Salamanca y que dentro del programa operativo Urban para el periodo 1997/1999 se incluyó a la ciudad de León. Para el periodo 2000/2006 uno de los criterios que se ha tenido en cuenta a la hora de efectuar la selección final de los municipios Urban es que estos no se hubieran visto ya beneficiados por la iniciativa en el periodo anterior por aquello de repartir de la mejor forma posible estos recursos comunitarios entre el mayor número de ciudades. Por tanto, como consecuencia de las limitaciones financieras y del número de zonas urbanas previamente establecidas por la Comisión Europea en Castilla y León, al igual que en otras regiones cuyos municipios han presentado candidatura de iniciativas Urban, no se ha podido seleccionar ningún proyecto en el período comprendido entre los años 2000 y 2006.

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El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castro.

Lamento que una vez más esta ocasión no haya sido aprovechada por el Gobierno español para hacerlo.

El señor CASTRO RABADÁN: Agradezco al secretario de Estado la respuesta, aunque no me satisface en absoluto, ya que la justificación última es decir que no se ha seleccionado ningún proyecto de Castilla y León porque ya se había seleccionado anteriormente, de 1994 a 1999, a las ciudades de Salamanca, Valladolid y León. Ese criterio afecta a unas ciudades que tienen graves problemas, pero no sólo a ellas, sino a muchas más de Castilla y León, como Béjar, que pierde 1.650 millones, Burgos, que pierde 2.800, Segovia, que pierde 2.000, Soria, que pierde 2.100, Palencia, que pierde 3.028, Zamora, que pierde 2.000, Miranda de Ebro y Ponferrada, que no son ciudades que brillen en el cómputo nacional como ciudades boyantes donde la media de las ratios de renta, de vida y de riqueza sea superior a otras, sino que están muy por debajo de las medias europeas y las medias nacionales, sobre todo en muchas ratios de desempleo, de falta de riqueza y de empuje industrial. Si hemos recurrido a esta Comisión para que responda a esta pregunta es porque se ha planteado a otros niveles y nunca se nos ha querido contestar, siempre se nos han dado unas respuestas parlamentarias formales en las que se escapaban las respuestas y no se nos daba ningún criterio. El criterio que se nos da ahora es que ya se han beneficiado antes, pero si se han beneficiado antes tres ciudades, ha sido en cantidades tan pequeñas que deberían tener continuidad, pues los proyectos que se presentaron eran proyectos de continuidad de lo que se estaba haciendo con los Urban I para seguir con los Urban II. Han quedado fuera una serie de ciudades de Castilla y León con unos graves problemas, y sobre todo ciudades como Zamora, donde se está viviendo una gran crisis económica y social de todos conocida, en la que los zamoranos ya no sólo no saben qué hacer ni a quién recurrir, sino que están dispuestos a dejar de ser españoles, prefieren estar con Portugal antes que con España. Eso es lo que se ha dicho en una manifestación masiva de esa ciudad en la calle, y es muy grave que psicológica y sociológicamente se planteen así las cosas. Por tanto, me parece muy poca la sensibilidad del Gobierno español respecto a cómo se distribuye la financiación en este caso de los planes Urban, así como otras financiaciones que no llegan allí donde hay que llegar y equilibrar. Es cierto que los fondos europeos son para equilibrar a los países que están desequilibrados a nivel europeo, pero también lo es que los gobiernos, tanto nacional como regional, tienen que reequilibrar esos fondos y hacer objetivos 1 de los objetivos 1, objetivos bis, para que puedan reequilibrarse dentro de las regiones y dentro de España aquellas zonas más atrasadas.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Lamento la decepción del senador Castro Rabadán, me hubiera gustado poder dar una explicación más concreta a este tema, pero por desgracia la tarea de hacer la síntesis de los intereses de todos en un concurso al que se presentan 86 solicitudes es una tarea muy difícil en la que el Gobierno, que es el que decide, siempre está abocado a salir perdiendo, porque siempre habrá, entre las 86 candidaturas, otras que se consideren con más títulos para recibir estos beneficios de los fondos Urban que las 10 ciudades seleccionadas. Pido al senador que comprenda la dificultad que supone tener que elegir a 10 entre 86 en un país donde hay muchas poblaciones que tienen graves deficiencias, problemas de renta y de desempleo y disfuncionalidades de tipo urbanístico. Lamento que en esta selección no haya habido ninguna ciudad correspondiente a Castilla y León, pero me imagino que la conclusión que se tomó al hacer la síntesis de todo y seleccionar a diez es que estas diez tenían seguramente una justificación mayor, un programa mejor presentado y unas necesidades mayores que atender. No puedo decirle más, señor senador, puesto que yo no he participado en esa selección. Lo único que le puedo decir es que en esta selección, como en todas las que se hacen para los diferentes fondos estructurales, se atiende a criterios objetivos que están perfectamente marcados, que se han utilizado en otras ocasiones y que se contrastan también con los servicios de la Comisión. (El señor Castro Rabadán pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: No está prevista por nuestro estricto reglamento una intervención adicional, de manera que pasamos a la siguiente pregunta. El señor CASTRO RABADÁN: Quince segundos. El señor PRESIDENTE: No es un problema cuantitativo, sino cualitativo. — DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES PARA QUE ESPAÑA LIDERE LA POLÍTICA PESQUERA DE LA UNIÓN EUROPEA (UE). (Número de expediente Congreso 181/000497 y número de expediente Senado 683/000027.) El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta, formulada por el diputado don Manuel Ceferino Díaz, del Grupo Socialista.

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El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, somos la primera potencia pesquera de la Unión Europea, somos el primer mercado de pescado de la Unión Europea, tenemos una parte importante de nuestra flota faenando en otros países, una parte en caladeros de la Unión Europea, somos sensibles a las políticas de la Unión Europea a la hora de fijar cuotas y TAC, somos también sensibles a las políticas de la Unión Europea de negociación y acuerdos con terceros países; como primera potencia somos también sensibles a la política de estructuras de la Unión Europea, que permiten la renovación de la flota y un más racional aprovechamiento de los recursos, somos el primer importador de productos del mar de la Unión Europea, pero no lideramos la política pesquera de la Unión Europea. Esto es así porque parece que nuestro Gobierno mide la pesca por su peso en el PIB sin tener en cuenta los efectos de arrastre de esta actividad y el hecho de que en ese sector también somos primera potencia a nivel de transformación y en I+D. Nosotros estamos en la Unión Europea, hecho positivo, pero también estamos sometidos a las políticas de la Unión Europea. Por ello, la política pesquera de la Unión Europea no nos es indiferente, como no nos es indiferente quién diseña esta política. En el norte de la Unión Europea hay una concepción de la pesca diferente, entre otras cosas no entienden nuestra presencia en tantos mares, tampoco comparten las exigencias del sector, para ellos es un sector a reducir, pero España, desde el año 1987, es el país de la Unión Europea que más ha reducido su flota, otros la aumentaron para vendernos a nosotros. Como las negociaciones con otros países son fundamentales para nosotros, no podemos ser indiferentes a quién las dirija, y lo mismo pasa con la política de estructuras. Por ello, cuando detectamos que podría haber cambios dentro de la Dirección General de Pesca de la Unión Europea, cambios que podrían debilitar aún más el papel de España, presentamos esta pregunta, que pretendía sobre todo evitar que las cosas se confirmaran y que España perdiera peso dentro del entramado político administrativo de pesca de la Unión Europea. En 1995 empezamos a perder gente en puestos importantes, y esta tendencia se acelera con el Gobierno Aznar, y parece que en la actual reestructuración de la Dirección General de Pesca vamos a quedar definitivamente desbancados. Por ello se formula esta pregunta y por ello esperamos su respuesta. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): La política pesquera de la Unión Europea fue un acuerdo de los países miembros de entonces, que nació ya en el año 1970 y que se materializó en el año 1983, justo cuando

España todavía estaba negociando la adhesión y, por tanto, no tuvimos oportunidad de participar en el mismo. La idea de entonces era repartir las posibilidades pesqueras en aguas comunitarias entre los países que ya eran miembros. La verdad es que a España le costó mucho trabajo poder insertarse en la política pesquera común, a pesar de que nosotros dijimos desde el primer día que estábamos dispuestos a asumir la totalidad del acervo sin período transitorio. Como S.S. conoce, el período transitorio que nos impusieron fue de veinte años, que luego pudimos reducir como consecuencia de las negociaciones de ampliación de Austria, Suecia y Finlandia. Esta política pesquera, que tiene su fundamento jurídico en el Tratado de Roma y en sus actuaciones posteriores, se basa en determinados principios, como el de estabilidad relativa, que han sido refrendados y consolidados por la jurisprudencia comunitaria. Cuando España tuvo que enfrentar su inserción en la política pesquera, independientemente de los problemas que plantearon los períodos transitorios, tuvo dos objetivos: el acceso de sus flotas a las aguas comunitarias (cosa que se logró en parte para las flotas del Norte de fresco) y su incorporación a un esquema de negociaciones internacionales, puesto que en aquella época la Unión Europea sólo tenía acuerdos de pesca con Noruega y Suecia (con Suecia, por el Kattegat y el Skaggerrak y con Noruega, por los stock compartidos en el mar del Norte), con Estados Unidos tenía un acuerdo que estaba caducando y, dentro de la NAFO, había también un acuerdo con Canadá. Esa era toda la negociación pesquera de la Unión Europea. Teniendo en cuenta, como usted mismo ha dicho, que tenía una dimensión de flota internacional muy importante, todo el empeño de la delegación española en las negociaciones de adhesión fue precisamente que se produjera la comunitarización de todos los acuerdos de pesca que España tenía con muchos países del mundo. Y esto no solamente se obtuvo, sino que se produjo un proceso de negociación internacional, en el cual el propio secretario de Estado que habla participó muy activamente como director de relaciones internacionales de la Comisión Europea para temas de pesca. En tres años negociamos 23 acuerdos de pesca internacionales, para beneficiar casi exclusivamente a la flota española, puesto que aunque en algunos acuerdos se incluyeron algunos buques comunitarios, era más bien para salvar el principio de que todos los acuerdos estaban abiertos a todos. La realidad es que no había grandes peticiones por parte de otras flotas que no fueran la española para ir a pescar al océano Índico, al otro lado del océano Atlántico o al sur de África. Este esquema de acuerdos internacionales ha permitido a la flota española seguir participando en esa actividad internacional y mantenerse como una de las primeras flotas del mundo en aguas internacionales, todavía al día de hoy.

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Naturalmente, todo lo que dice el parlamentario don Ceferino Díaz es verdad. España sigue a la cabeza en consumo de pescado, es la primera en transformación y en comercialización, es la primera en captura y es la primera en actividad internacional. Esto indica que en los últimos quince años, desde que España es miembro de la Unión, la actividad pesquera española, el sector pesquero español y las flotas pesqueras españolas, a pesar de las necesarias transformaciones que imponen los tiempos, porque en un período tan lago como quince años muchas cosas cambian, han tenido y siguen teniendo una posición de preeminencia en la Unión Europea y que España sigue siendo una potencia pesquera dentro de la Unión Europea. Una cosa es que España siga manteniendo esa posición de supremacía, que lo hace no solamente por méritos propios sino por el hecho de que la política pesquera común de alguna manera también favorece los objetivos de la política pesquera del sector español, tanto a nivel de recursos, como a nivel de comercialización, como a nivel de estructuras; otra cosa son los problemas puntuales que pueden surgir en las negociaciones de algunos acuerdos, como la reciente experiencia que tenemos en este momento con el acuerdo de Marruecos, y otra cosa es el peso relativo que pueda tener España dentro de las estructuras administrativas que gestionan la pesca dentro de la Comisión Europea. Es evidente que hubo un tiempo en el que, incluso, teníamos un comisario español —por cierto, hoy aquí presente— que se ocupaba de la pesca y hoy no solamente no tenemos comisario, sino que ha disminuido el peso relativo de los funcionarios españoles dentro de las estructuras de la Dirección General de Pesca. En este momento, de las cuatro direcciones que existen, solamente contamos con un director y tres jefes de división, lo cual —y yo coincido con don Ceferino Díaz—, si se tiene en cuenta la proporción y la fuerza que España tiene dentro del panorama pesquero de la Unión, no ofrece un panorama muy halagüeño. La realidad es que las promociones dentro de la Dirección General de Pesca están, también, en función del personal cualificado español que en ella participa. Por desgracia, esto es algo que viene de largo y quizá no hemos sabido fomentar las necesarias vocaciones de técnicos y de expertos pesqueros dentro de la Unión. Muchos españoles, muy competentes, que trabajaban en la Dirección General de Pesca —antes Dirección General XIV— han encontrado mejores puestos fuera de esa dirección general y, en este momento, a la hora de hacer la reestructuración, no había un núcleo importante de españoles promocionables con niveles técnicos suficientes. Yo no achacaría esto únicamente, como el diputado dice, al Gobierno Aznar del año 1996, yo diría que esto viene muy de lejos, desde el año 1986. Seguramente no hemos sido capaces de retener dentro de la Dirección General el suficiente número de funcionarios con vocación y con conocimiento para que, en el

momento de producirse relevos —como los ha habido— de directores o de jefes de unidad, hubiera habido personas que subieran a esos niveles. Indudablemente, la situación es preocupante, pero no hay que ponerle tintes dramáticos porque, en realidad, no es solamente la Comisión la que hace la política pesquera de la Unión, en el Consejo y en los grupos del Consejo también se hace la política pesquera de la Unión, y creo que España ha mantenido allí un nivel de representación igual de bueno que el que se había mantenido desde el principio. Yo diría que nuestra representación a nivel de Consejo, desde el año 1986, ha sido más fuerte que nuestra representación dentro de la estructura interna de la Comisión. Esta reestructuración es un tema que tiene que llevar a la reflexión, no solamente al Gobierno sino a todo el sector, porque es importante que tengamos técnicos, expertos y biólogos que puedan participar dentro de esa estructura, pero la verdad es que en este momento el número de españoles dentro de la Dirección General de Pesca de la Comisión no se corresponde con las vocaciones que debía generar el hecho de que España es, como ha dicho el diputado don Ceferino Díaz, el primer país pesquero de la Unión desde todo punto de vista, tanto desde el punto de vista de la extracción, como del consumo, de la comercialización o de la transformación. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Díaz. El señor DÍAZ DÍAZ: Señor secretario de Estado, nosotros no cuestionamos en modo alguno la Unión Europea, lo que cuestionamos es no liderar la política pesquera comunitaria, sobre todo que estemos perdiendo peso, y lo más grave es que no se haga nada. Nos habla de que perdimos expertos. Le voy a decir, y usted lo sabe, que los expertos que ocupan los puestos no son expertos. Le voy a dar algún dato. El problema es que la remodelación de la Dirección General de Pesca de la Comisión es un hecho; es un hecho que, como dice, debe llevar a reflexiones y debería llevar también a consecuencias y responsabilidades. En estos momentos, se abre una nueva etapa en la política pesquera, el Libre Verde de la Comisión, pero esa política es para el año 2003. Estamos en periodo de reflexión, ¿por qué cambiar ahora la dirección general? Hay quien dice que es un tema poco relevante porque los funcionarios europeos representan a la institución y no a los Estados miembros. Este es un principio, pero es evidente que esta diferente manera de pensar y de ver les viene condicionada por la realidad de la que uno procede; no ve de la misma manera el tema pesquero una persona que nace y vive en Vigo, donde hay un puerto pesquero importante a nivel mundial, que una persona que nace y vive en Viena, donde la problemática es completamente diferente y la pesca no es un referente inmediato sino lejano. La realidad es que, en los

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últimos años, estamos asistiendo a una anglosajonización de la Comisión, que conlleva a una cierta marginación de los funcionarios del sur, por lo que muchos se fueron. El Gobierno de España fue incapaz de modificar este organigrama, pese a que España representa el 50 por ciento del peso del sector pesquero comunitario. La nueva reorganización que se está plasmando ahora supone concentrar el 90 por ciento de su peso en una de las cuatro direcciones, la de conservación de recursos, que encabeza el británico John Farnell. A él se encomienda la gestión de las TAC y cuotas, la gestión de la flota, los POP, el medio ambiente, la sanidad, la investigación, la ciencia, los acuerdos pesqueros del norte, etcétera. La política de estructuras, que llevamos nosotros, se vacía de contenido al privarle de la gestión de la flota. El resultado es que del señor Farnell van a depender la unidad de recursos humanos, que va a un inglés, el jefe de unidad de planificación y de auditoría, que es alemán; la gestión de los stokcs, TAC y cuotas y acuerdos del norte corresponden a otro danés, las cuestiones regionales a un irlandés, la investigación y análisis científicos a un holandés, la organización común de mercados a un belga y la inspección a un holandés. Los funcionarios del sur se quedan con puestos sin contenido político. Esto no es indiferente y le voy a dejar un ejemplo inmediato que está ahí. Todos sabíamos que la negociación con Marruecos era un tema difícil, pero mucho más si es llevada por negociadores del norte, que no tienen sensibilidad para hablar con el sur. Podríamos poner ejemplos de algunas anécdotas que dejarían en mal lugar a los negociadores del norte. Es difícil entenderse y sacar adelante una negociación cuando hay enormes diferencias de sensibilidad y de cultura entre quien negocia por una parte y por otra. Eso es lo que pasó con Marruecos y explica la negociación. Por ello, nos parece grave que cuando se hace un cambio importante en la Dirección General de Pesca de la Unión Europea, que es la que dirige la política pesquera comunitaria, que para nosotros no debería ser indiferente, el Gobierno de España, pese a nuestra advertencia, se resigne diciendo que no había funcionarios. Le digo que los funcionarios que van a ocupar los puestos de la nueva estructura de la dirección general, por sus currículos, no son profesionales expertos en temas pesqueros, pero sí los van a llevar y van a dirigir, con falta de sensibilidad para el sector, una política pesquera que para España es fundamental. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Quisiera decir, en primer lugar, que el Gobierno español entiende que la Comisión tiene competencia exclusiva para organi-

zar sus servicios como desee; naturalmente, se pueden sugerir cosas, pero es competencia exclusiva de la Comisión organizar sus propias direcciones generales con los funcionarios que entienda que son más competentes, y cualquier intervención del Gobierno de España en la estructura interna de la Comisión no solamente es impropia sino que se consideraría una intolerable intromisión en un derecho soberano de la Comisión como gestora de los intereses comunitarios. En segundo lugar, desearía que don Ceferino Díez no cayera en lugares comunes de decir que el comisario está en Viena y no tiene sensibilidad. Tan de tierra adentro era don Manuel Marín, que es de Ciudad Real, y creo que fue un buen comisario de pesca. Ciudad Real está a la misma distancia del mar que Viena. También le diré que yo mismo, que entonces encabezaba la Dirección General de Pesca, fui recusado por todos los países nórdicos cuando se me encargó que negociara con Groenlandia y creo que puedo decir sin falsa modestia que el acuerdo que yo negocié con Groenlandia es el mejor que se ha hecho nunca, y, si no, que se lo pregunten a los groenlandeses; a pesar de que todo el mundo decía que uno del sur no podía entender los problemas del norte, yo los entendí bastante mejor que los del norte. Por eso, creo que no podemos caer en esos lugares comunes. Acepto lo que me dice, que tenemos un déficit de gente con capacidad de decisión dentro de la estructura de la Dirección General de Pesca, que es bueno que se diga aquí para que se recuerde a todos y desde luego al Gobierno para que siga en su empeño de tener, a ser posible, más funcionarios y expertos dentro de un sector que nos interesa particularmente, pero le diré que nuestra capacidad de intervención es bastante limitada, porque es competencia exclusiva de la Comisión. Por otra parte, tampoco podemos condicionar las vocaciones de los funcionarios españoles. La verdad es que los funcionarios españoles son, por desgracia, muy escasos en la Dirección General XIV; contrariamente a lo que alguien pudiera imaginar, hay muy pocos españoles que quieran ir a esa Dirección General de Pesca, por las razones que sean. Por tanto, tenemos que hacer los cestos con los mimbres que hay y por desgracia los mimbres no son muy fuertes. Naturalmente, tomo nota de la opinión de don Ceferino Díaz, que comparto, en el sentido de que en la estructura actual, después de la reestructuración de la Dirección General de Pesca, España no tiene la presencia que le correspondería por el peso específico que tiene en el sector pesquero dentro de la Unión. El señor PRESIDENTE: Constatamos que la crisis de vocaciones se extiende a otros dominios de los tradicionales y cerramos esta pregunta. Ahora, tenemos varias que podrían ser agrupadas en una sola intervención. Tiene la palabra la diputada Gar-

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cía Arias, Ludivina. Ella misma podrá decirnos si quiere formular las preguntas 5, 6, 7 y 8, conjuntamente. La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, me gustaría separarlas. Sobre algunas, las intervenciones serán muy breves, aunque profundas, claras y transparentes, pero hay una pregunta sobre la que sí me gustaría tener una mayor explicación del señor secretario de Estado. Si no tiene inconveniente, las separamos, pero voy a tratar de ser muy breve. El señor PRESIDENTE: ¿Cómo las va a formular entonces, todas por separado o agrupando algunas? La señora GARCÍA ARIAS: Por separado, señor presidente. — DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXTINCIÓN DEL TRATADO CECA EN EL AÑO 2002, EN LO REFERENTE AL SECTOR DEL ACERO. (Número de expediente Congreso 181/000609 y número de expediente Senado 683/000040.) El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra. La señora GARCÍA ARIAS: Mi primera pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la posición del Gobierno español acerca de la extinción del Tratado CECA en el año 2002, en lo referente al sector del acero? Por cierto, señor presidente, estas preguntas yo las había planteado de forma oral. Se convirtieron en preguntas escritas, las reiteré de forma oral y mientras tanto el Gobierno contestó a algunas de ellas. Me alegro de reiterarlas ahora y aprovecho la oportunidad para rogar al señor secretario de Estado que conteste con más detalle a las preguntas cuando se formulan por escrito; así no tendremos que reincidir de forma oral y le haremos perder menos tiempo. El señor PRESIDENTE: Formule la pregunta, señora diputada. La señora GARCÍA ARIAS: La pregunta ya la hice al principio. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Con la venia, presidente. El Tratado de la Comunidad Europea contempla la posibilidad de otorgar ayudas para fomentar en general el desarrollo de determinadas actividades económicas

que no especifica, frente a la prohibición absoluta que existe en el Tratado CECA con respecto al carbón y al acero. El código de ayudas a la siderurgia se adoptó a título excepcional en uso de las facultades del artículo 95 del Tratado CECA, que prevé la posibilidad de adoptar medidas indispensables para el logro de los objetivos del tratado. El Gobierno valora positivamente la disciplina impuesta por el código de ayudas a la siderurgia. Se trata de un sector sumamente sensible, donde todo exceso de oferta acarrea bruscas reducciones en los niveles de precios y serios deterioros en la competitividad de las empresas, tanto por la caída de los ingresos como por la costosa exigencia de almacenar producción sobrante. Por ello, entendemos indispensable mantener la actual disciplina en el marco del Tratado de la Comunidad Europea mediante el mantenimiento de los actuales criterios limitativos a las ayudas a la inversión y a la reestructuración. Esta disciplina nos parece especialmente importante considerando la incorporación de nuevos miembros a la Unión, países candidatos que tienen unos niveles muy altos de ayudas. Debemos asegurar que este proceso de adhesión, que redundará en beneficio de Europa, preserve el actual equilibrio del mercado siderúrgico. Tenemos que recordar que, antes de acometer la tarea de asegurar la competitividad de nuestra industria siderúrgica integral, España realizó sucesivas y costosísimas reestructuraciones en los años ochenta y principios de los noventa. Y digo costosísimas porque no solamente lo fueron en términos de dinero, sino también en términos de mano de obra. Se perdieron más de 60.000 empleos. Por lo tanto, después de haber hecho un esfuerzo extraordinario, hemos llegado a una situación de competitividad, situación que queremos sostener, siendo la mejor garantía para ello mantener una disciplina en materia de ayudas que permita todo riesgo de desequilibrio, ya que es evidente que en el mercado europeo nuestra industria siderúrgica compite con las industrias siderúrgicas de algunos países candidatos a la ampliación, que naturalmente tienen un sistema de ayudas que nosotros no tenemos. La Comisión ha presentado su informe en relación con la materia, el cual ha obtenido el visto bueno de los Estados miembros. Y esperamos que bajo la Presidencia española pueda adoptarse el nuevo código de ayudas, que tendremos que poner en marcha una vez que expire el Tratado CECA, que precisamente coincide con el período en que España presidirá la Unión, en el año 2002. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señora García Arias. La señora GARCÍA ARIAS: Comparto las preocupaciones que ha manifestado en su respuesta el señor secretario de Estado. Estamos hablando de un nuevo código de ayudas adaptado al Tratado CEE, con un

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régimen disciplinario que tiene unas concepciones muy estrictas, debiéndose tener en cuenta además la adhesión de los países del Este. Respecto a dicha adhesión, va a haber una diferencia y es que, cuando ingresen, aparte de que tendrán que seguir reestructurando, no se van a encontrar con los mecanismos de ayudas sociales que contemplaba el Tratado CECA. Como europeos, esta situación nos tiene que preocupar, puesto que nosotros tuvimos que reestructurar antes de ingresar y lo hicimos también dentro de la Unión Europea, pero, si lo primeros sacrificios fueron netamente españoles, en una segunda fase contamos con los mecanismos sociales del Tratado CECA. Ahora bien, no debemos analizar este código de ayudas solamente en relación con la adhesión de los países del Este y sus sectores siderúrgicos, sino también en relación con la situación del sector europeo y en un contexto de concentración empresarial que estamos analizando, algunos por las noticias que aparecen en la prensa. Quisiera hacerle dos preguntas, sólo por una cuestión de preocupación. La primera es si este régimen tan estricto de ayudas, acerca del cual la Presidencia española tendrá que debatir, garantizará al sector del acero una igualdad con respecto al código de ayudas de otras empresas de materiales que compiten con el sector del acero. Ahí podría haber una distorsión si, efectivamente, el nivel del sistema de ayudas es más flexible para este otro sector. La segunda preocupación que tengo está relacionada con el nivel de concentración empresarial. Se ha anunciado, y hay visos de ello, que, en un contexto más amplio de globalización, se debe aceptar este proceso de concentración, pero yo me pregunto cuál es el nivel de análisis que ha estado haciendo el Gobierno y que va a hacer en el futuro con respecto al próximo código de ayudas cuando no conocemos si este nivel de concentración afectará, en cuanto a libre competencia, a los usuarios, a los consumidores, al sector del automóvil y al sector de la construcción, que son también empresas españolas. ¿Está haciendo también el Gobierno este tipo de análisis con respecto al nuevo código de ayudas? El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Con mucho gusto voy a hablar de esto, aunque lo único que ha hecho usted, señora García Arias, ha sido formular una nueva pregunta y plantear un nuevo tema. (El señor vicepresidente, Soravilla Fernández, ocupa la Presidencia.) Naturalmente que el código de ayudas es algo fundamental para asegurar la competencia en el horizonte 2002, pero también lo es lo que se acuerde dentro de las negociaciones de ampliación. Es evidente que el tema de las ayudas a la siderurgia es uno de los que se van a suscitar con más fuerza; de hecho, ya se ha susci-

tado en la relación comercial con los nuevos países candidatos a la adhesión. Ahora ellos se quejan por la aplicación de medidas antidumping, pero, cuando los países candidatos ya no sean países terceros, no se les podrá aplicar dichas medidas, puesto que estamos en un mercado interno, por lo que habrá que tener un código estricto de ayudas. Evidentemente, la negociación de ampliación condicionará mucho también las eventuales medidas transitorias o derogaciones temporales a la plena aplicación de ese código de ayudas. La posición de España, con respecto al tema de la competencia, ha sido siempre que no quiere que exista ningún período transitorio, ya que desde el día número 1 en que estos países estén dentro de la Unión estarán compitiendo ya en el mismo mercado con nosotros, como de hecho lo están haciendo ahora. Ése es el problema que nosotros tenemos todos los días. Por ejemplo, los redondos para la construcción de Berlín vienen tanto de las industrias siderúrgicas españolas como de las polacas, que están bien cerca de Berlín. Por eso nosotros estamos insistiendo en que se apliquen medidas antidumping cuando se comprueba que los precios están artificialmente por debajo de lo que es el precio del mercado por efectos de ayudas que están recibiendo. Por tanto, el código de ayudas tiene que tener en cuenta lo que la señora García Arias ha dicho, esto es, la relación con otras ayudas que se puedan permitir a sectores que transforman el acero y que pueden tener una incidencia y luego un código de ayudas que de verdad controle las ayudas de Estado que se están dando a los países del centro y del este de Europa, los cuales en este momento están ya participando en el mercado comunitario pero que, dentro de unos años, cuando estén plenamente adheridos, estarán en situaciones absolutamente idénticas a las nuestras. Por tanto, tienen que tener las mismas situaciones de competencia, porque si no las tienen no podremos aplicar ningún mecanismo que permita proteger las producciones siderúrgicas europeas. En el caso de España esto es particularmente importante porque, como dije antes, hemos llegado a una situación de competitividad después de un proceso muy doloroso de reestructuración y verdaderamente, ahora que nuestras empresas siderúrgicas van bien, no pueden sufrir competencia desleal de otros. La señora García Arias se ha referido al tema de concentración. Es evidente que la empresa española Aceralia, junto con Arbed y Usinor, han inaugurado un proceso, a mi me parece que es un proceso, porque la concentración de las industrias siderúrgicas europeas va a ser una realidad. Dentro de muy poco vamos a ver otras fusiones y asociaciones del tipo de la de AceraliaUsinor-Arbed. Es muy difícil prever cuál va a ser el panorama de aquí a unos años, pero me parece que efectivamente el tema de las concentraciones es uno de los que vamos a tener que ver con más atención, porque eso va a influir también en todo el panorama siderúrgico de la Unión.

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— DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXTINCIÓN DEL TRATADO CECA EN EL AÑO 2002, EN LO REFERENTE AL SECTOR DEL CARBÓN COMUNITARIO. (Número de expediente en el Congreso 181/000610 y número de expediente del Senado 683/000041.) El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): La diputada García Arias tiene la palabra para formular la pregunta número 6. La señora GARCÍA ARIAS: Tengo una preocupación especial respecto al futuro del código de ayudas del carbón. Nos estamos encontrando de nuevo en una situación de incertidumbre, señor presidente. A prácticamente un año de la conclusión del Tratado CECA no se conocen los contenidos o la definición de lo que será el próximo código de ayudas, teniendo además en cuenta que lo pactado por el Gobierno con las empresas y los sindicatos tenía un horizonte del 2005. Las noticias que hay son preocupantes. Me refiero a alguna expresión de la comisaria en la apertura del seminario del carbón organizado por la CECA el 17 de octubre de 2000 y a una reunión frustrante —en los propios términos de quienes participaron en ella— de los representantes de las comarcas mineras europeas el 27 de noviembre. ¿Por qué digo esto? Porque, en los dos encuentros, la comisaria fue poco precisa, dejó traslucir mayores reducciones de producción y empleo de las previstas, señaló que no estaba segura de obtener un apoyo político suficiente, ya sea en la Comisión o en otras instituciones. Señaló que la Comisión iba a lanzar el debate del libro verde sobre la seguridad de abastecimiento; ya ha aparecido y sus contenidos son también preocupantes. No voy a tomar mucho tiempo de los miembros de esta Comisión para señalar por qué son preocupantes, pero tengo que decir que, en cuanto al carbón o a la producción minera, lo que se pide en este debate que abre el libro verde es que habrá que tomar —en términos exactos de lo que dice el libro verde— decisiones difíciles sobre el futuro de la industria del carbón europeo debido a su falta de competitividad. Se habla, en base a la seguridad de abastecimiento, de un posible aparcamiento de las minas, de garantizar simplemente el acceso, un mecanismo por el cual la producción se limitaría, se reduciría y se garantizaría simplemente un limitado mantenimiento de esos recursos para un uso futuro. En cuanto a las ayudas, en este libro verde de la seguridad de abastecimiento se señala, como siempre, que hay opacidad en cuanto al otorgamiento de ayudas públicas para el resto de los sectores energéticos, lo que no ha sucedido con el sector del carbón que siempre ha sido muy transparente, Se vuelve a señalar —sin hablar

de un régimen parecido al actual en el caso del carbón, al contrario— si no debía contemplarse este nuevo código de ayudas en el marco de una reducción y el mantenimiento de un acceso mínimo a las reservas de carbón. Quizá la pregunta respecto a la posición del Gobierno sobre el libro verde de la energía debía ser un debate que deberíamos de realizar en otro momento en esta Comisión, porque abarcaría más temas, pero me gustaría que fuera más preciso el Gobierno español respecto a lo que prevé contestar, o si ya ha contestado algo respecto al régimen del carbón en el caso del libro verde. No me va a valer, señor presidente —y ya termino, en las siguientes preguntas voy a ser muy breve—, el argumento de que ya se verá. Creo que en este momento ya se debe estar debatiendo a un año de la discusión, con lo largos que son los debates dentro de la Unión Europea para las tomas de posiciones, y debería haber ya una exigencia por parte del Gobierno español, que representa a un país donde el carbón sigue jugando un papel importante, sobre cuál va a ser su posición y en qué sentido se está ya moviendo con la Comisión Europea y en concreto con la Comisión de la Energía. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señora García Arias, tomamos nota de la propuesta que hace para el debate y la tendrá en cuenta en las reuniones de Mesa y portavoces. Tiene la palabra el señor secretario de Estado, para contestar a la pregunta formulada. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): El Tratado CECA prohíbe expresamente las ayudas —ya lo he dicho antes, es el artículo 4.c— y el actual código de ayudas al carbón fue adoptado por aplicación de las facultades excepcionales que otorga dicho Tratado para adoptar medidas tendentes a cubrir los objetivos básicos del mismo, artículo 95, en ausencia de poderes específicos previstos en su articulado. Por el contrario, como también he dicho antes, el Tratado CEE permite declarar compatibles las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, artículo 87. Los intercambios intracomunitarios, en el caso del carbón, son prácticamente inexistentes, por lo que el Tratado de la Comunidad Europea ofrece un marco plenamente adecuado para prever la continuidad de las ayudas al carbón en la medida en que esto se considere necesario. El Gobierno español ha planteado reiteradas veces en el Consejo la necesidad de contar a partir de la expiración del Tratado CECA con un marco adecuado de ayudas al sector del carbón. Hemos defendido la continuidad del dispositivo actual que responde a la exigencia de cubrir la diferencia entre los costes de explota-

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ción del carbón comunitario y los niveles sensiblemente más bajos del carbón importado, más un apoyo constante al objetivo de reestructuración para alcanzar mayores niveles de competitividad. La Comisión Europea está actualmente examinando la presentación de una propuesta en este sentido y yo sólo puedo decir que hasta que no veamos la propuesta de la Comisión no estaremos en condiciones de decir más que lo que estamos diciendo —y lo estamos reiterando continuamente, que es nuestra voluntad de mantener un régimen de ayudas al carbón más allá de la expiración del Tratado CECA en el año 2002, por entenderlas compatibles con los objetivos del mercado común. — DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA EXTINCIÓN DEL TRATADO CECA EN EL AÑO 2002, EN LO REFERENTE A LOS PRINCIPIOS COMUNES A LOS SECTORES DEL CARBÓN Y DEL ACERO. (Número de expediente del Congreso 181/000611 y número de expediente del Senado 683/000042.) — DE LA SEÑORA GARCÍA ARIAS, GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POSICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL ESCASO CUMPLIMIENTO DEL LLAMADO «PHASING IN» DE LAS POLÍTICAS COMPRENDIDAS EN EL TRATADO CECA, EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE LA COMUNIDAD EUROPEA. (Número de expediente Congreso 181/000612 y número de expediente Senado 683/000043.) El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): La misma señora diputada tiene la palabra, para formular las preguntas números 7 y 8. La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, voy a unir las dos preguntas, en cuanto a principios comunes del carbón y del acero y en cuanto al phasing in, y las reitero en los términos en que fueron presentadas. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor secretario de Estado tiene la palabra. El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS EUROPEOS (De Miguel y Egea): Me parece que, por coherencia, es mejor empezar por el tema del llamado phasing in. El grado de atención prestada por la Unión Europea al proceso de phasing in ha sido notable. En materia de utilización de fondos CECA se alcanzó ya un acuerdo en la cumbre de Amsterdam,

sólo queda pendiente su instrumentación jurídica. En la reciente cumbre de Niza se ha dado un importante paso al acordarse un protocolo anejo al Tratado de la Comunidad Europea relativo a estas cuestiones. El protocolo ofrece en su artículo 2 una base jurídica para la adopción de decisiones contenidas en las conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam. En primer lugar, todos los elementos patrimoniales CECA se transfieren a la Comunidad Europea a partir del 24 de julio del año 2002. En segundo lugar, el valor neto de estos fondos se destina a la investigación en los sectores del carbón y del acero mediante la creación de un fondo determinado CECA en liquidación y, después del cierre de esta liquidación, a haberes del Fondo de investigación del carbón y del acero. En tercer lugar, los ingresos derivados de este patrimonio se afectan exclusivamente a la investigación en estos sectores, al margen del programa marco de investigación, independientemente de lo que el programa marco de investigación haga. Por último, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará las decisiones necesarias para reflejar estas normas en las líneas directrices financieras plurianuales para la gestión del patrimonio de estos fondos, así como las líneas directrices técnicas para el programa de investigación correspondiente. La Presidencia sueca, por su parte, tiene la intención de adoptar este conjunto de decisiones, por lo que el dispositivo básico estaría acordado con antelación suficiente a la fecha de su entrada en vigor, que es el 24 de julio del año 2002. Por lo que se refiere a la extinción del Tratado CECA, en lo referente a los principios comunes y a los sectores del carbón y del acero, debo recordar que el Tratado CECA tiene por objetivo básico la creación de un mercado interior del carbón y del acero. Esta finalidad queda plenamente preservada al incorporarse estos sectores al Tratado de la Comunidad Europea y naturalmente se verá reforzada. En el momento en que los sectores salgan de su ámbito CECA para entrar en el ámbito del primer pilar de la Unión, van a tener más fuerza. Por tanto, el tema del mercado interior queda reforzado con la extinción del Tratado CECA. No podemos olvidar que el Tratado CECA es un tratado de 1952 y sus disposiciones reflejan la preocupación por construir ese mercado interior que hoy ya existe en un contexto de postguerra donde las economías europeas estaban separadas por barreras de toda índole, desde arancelarias hasta control de cambios. Por eso muchas normas del Tratado CECA resultan hoy totalmente obsoletas y en la práctica han caído en desuso desde hace muchos años. La posibilidad de intervenir en los precios o de dictaminar las inversiones constituyen elementos justificados, que tuvieron una justificación en su día, pero que resultan hoy a los principios fundamentales del mercado interior.

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Los únicos elementos de importancia del Tratado CECA y plenamente vigentes son los códigos de ayudas al carbón y al acero y las actividades de préstamo y empréstito. Estas son las cuestiones que constituyen el núcleo del proceso de phasing in, del que ya he hablado, para las que se ha alcanzado ya un acuerdo en el seno de la Unión pendiente tan sólo de su desarrollo normativo interno. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Gracias, señor secretario de Estado. La señora García Arias tiene la palabra. La señora GARCÍA ARIAS: Señor presidente, en términos del balance del final del Tratado de la CECA, discrepo en parte de la valoración que ha hecho el señor secretario de Estado. Algunas de las actuaciones de la CECA en estos dos sectores no deberíamos negarlas en algún momento determinado para el conjunto de los sectores industriales de la Unión Europea. La prueba es que una de las medidas que se decide mantener, según los últimos acuerdos de los jefes de Estado, es el mantenimiento de la información estadística en los sectores. La información estadística ya es un indicador importante en una política industrial para saber cómo se están desarrollando no sólo el sector del carbón o del acero; interesaría que sucediera en el conjunto de las actividades. De esta forma se podría tener información interesante para el desarrollo industrial de la Unión Europea. En todo caso, quiero señalar que, por razones de políticas de reestructuración y de readaptación de estos dos sectores durante mucho tiempo, se contemplaron medidas sociales que todavía están en vigor y que han ayudado a los Estados miembros, a las regiones y a los mismos trabajadores a paliar las consecuencias de las reestructuraciones industriales. Ese mecanismo desaparece pero no sería utópico pensar que, en un futuro, también la Unión Europea, dentro de ese mercado interior, pudiera asumir un compromiso respecto a los costes sociales que pueden llevar las reestructuraciones industriales. Quiero señalar que la propia Comisión Europea no ha quedado muy conforme en el balance del phasing in porque no se ha llevado una integración adecuada en los mecanismos de investigación o en los mecanismos del Fondo Social Europeo, aunque nos recuerda la Comisión Europea que, a partir de ahora, el grado de integración del phasing in de estos sectores será una voluntad de las prioridades de los Estados nacionales respecto a esos sectores. Me preocupa, señor presidente, el tema del fondo de investigación. Quisiera hacerle unas preguntas al señor secretario de Estado y se las formularé oralmente. A título de ejemplo, quiero recordar que hasta ahora el 26 por ciento del presupuesto del Instituto Nacional del Carbón se dotaba de los fondos CECA y habría que garantizar que en adelante la industria española pudiera

seguir manteniendo un nivel importante en cuanto a la integración del Tratado de la CECA. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Vamos a despedir al señor secretario de Estado y después seguiremos con el debate. DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS: — DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, DE SEGUIMIENTO DE LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE LA UNIÓN EUROPEA. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente Congreso 158/000017 y número de expediente Senado 573/000004.) — DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 158/000018 y número de expediente Senado 573/000005.) — DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN MIXTA PARA LA UNIÓN EUROPEA, ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL DE 2004. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente Congreso 158/000019 y número de expediente Senado 573/000004.) El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Como saben SS.SS., las dos últimas preguntas han sido aplazadas para la sesión de la Comisión del día 17 de abril. Su autor es el señor García Breva, del Grupo Socialista. Pasamos al último punto del orden del día, que es el debate y votación de solicitudes para la creación de subcomisiones y ponencias. Existen tres propuestas, pero dos solicitan una misma cosa. Una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular, y otra similar de una subcomisión en el seno de la Comisión Mixta para la Unión Europea, encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia Intergubernamental de 2004, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.

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Si damos la palabra por orden de presentación, el Grupo Parlamentario Popular tendría la palabra en primer lugar y a continuación la tendría el Grupo Socialista. Señor Martínez Casañ, tiene la palabra. El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Yo no sé lo que corresponde en este trámite parlamentario, pero sí quiero decir que respecto a la creación de una subcomisión encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia Intergubernamental del 2004, para la cual hay otra propuesta del Grupo Socialista, hemos llegado el portavoz socialista y yo a un acuerdo, por lo cual, si el presidente lo cree oportuno, podríamos proceder a leer en voz alta los términos del acuerdo. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Yo ruego que hagan el favor de leer esa propuesta, que en este caso sería conjunta, para conocimiento de todos los señores comisionados. El señor MARTÍNEZ CASAÑ: En primer lugar, la propuesta es que la subcomisión se llamará subcomisión encargada del seguimiento del proceso de la Conferencia Intergubernamental del 2004 sobre el futuro de la Unión Europea. Yo creo que es mejor que siga la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, porque es sobre la cual hemos trabajado y la que tenía los términos más amplios. En segundo lugar, respecto a lo que figura en el plazo de los trabajos, quedará: La subcomisión elaborará su informe con la antelación suficiente para que pueda servir a sus objetivos. Punto final. En tercer lugar y respecto al funcionamiento, el cuarto párrafo, decae; el que dice: También podrá establecer mecanismos para la remisión de memorandums, etcétera. El quinto párrafo, para adecuarlo no solamente a los antecedentes sino a la lógica de esta Comisión mixta, que es la que representa a las Cortes Generales, leerá como sigue: El informe aprobado por la subcomisión y en su caso los asuntos particulares formulados por los grupos parlamentarios serán elevados para su debate y votación a la Comisión Mixta para la Unión Europea, que podrá elevarlo para su conocimiento, junto con los votos particulares, a las mesas del Congreso y del Senado. En cuarto lugar, respecto a su composición, la subcomisión estará compuesta por tres representantes de cada uno de los grupos que cuenten con más de diez miembros en la Comisión mixta, dos representantes de los grupos que cuenten al menos con tres miembros y un representante del resto de los grupos parlamentarios. En su defecto, el texto del Grupo Popular: Tres representantes por cada uno de los grupos parlamentarios con más 100 diputados en las Cámaras, dos representantes por cada uno de los grupos con más de diez diputados y un representante de cada uno de los grupos

restantes. De lo que se trata es de que, al ser una comisión mixta, el grupo de Entesa esté también representado en la subcomisión de seguimiento. Decaería el segundo párrafo que dice: Los miembros de la subcomisión podrán ser sustituidos para la celebración de un determinado debate o sesión por otro u otros diputados o senadores del mismo grupo, previa comunicación al presidente. Eso es todo, señor presidente. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Estrella, tiene la palabra. El señor ESTRELLA PEDROLA: Intervengo para expresar que, efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, existe un acuerdo en esos términos, que exige también una voluntad política de poder extender al máximo a la sociedad española y a los colectivos y expertos e interesados el trabajo de la Comisión y la posibilidad incluso de que puedan aportar a la subcomisión sus opiniones, sus criterios, pero eso habrá que articularlo en su momento y, por lo tanto, no figura en la propuesta de la subcomisión. Nos felicitamos por que se haya alcanzado este acuerdo sobre una subcomisión que es importante y que, en definitiva, lo que va a abordar es el futuro de Europa. Hay algo que no está dicho en el acuerdo tampoco pero que entendemos los dos grupos que va a ser inevitable y es que como la Unión Europea va a seguir un iter en los trabajos preparatorios de la conferencia de toma de decisiones, por ejemplo, sobre el método, la subcomisión tendrá que acompañarlo y eventualmente decidirá si produce toma de posición o no antes de la fecha que está prevista como final de sus trabajos, pero habrá que discutirlo en el ámbito de la subcomisión. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Señor Guardans, tiene la palabra. El señor GUARDANS I CAMBÓ: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se felicita por que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista hayan sido capaces por una vez de lograr algún tipo de acuerdo productivo por el bien de todos. Nosotros nos sumamos a todo lo que tiene de positivo ese acuerdo y, efectivamente, votaremos a favor de la creación de esa subcomisión en los términos en los que está planteada. Suscribimos también las palabras del portavoz del Grupo Socialista hace un momento en el sentido de subrayar que este es un proceso abierto, cuyo propio método de trabajo está todavía por determinar en la propia Unión Europea y que, por tanto, esta subcomisión tendrá que ir articulando sus trabajos en función de cómo se decida que tiene que articularse en el conjunto de la Unión Europea, ya sea con un mecanismo u otro, de los distintos que estén en este momento en examen. En todo caso, es una buena noticia que, por fin, consigamos tener una subcomisión

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y que, por fin, esta Comisión pueda ponerse a trabajar en este tema. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Por Entesa Catalana de Progrès, tiene la palabra la senadora Cid. La señora CID PAÑELLA: Igualmente nos felicitamos de que se haya llegado a un acuerdo, teniendo en cuenta que nuestro grupo era uno de los implicados en que este acuerdo fuera posible. Nosotros entendemos, como también ya se ha dicho, que los mecanismos de trabajo son los que son, que esta es una Comisión mixta, que es de donde tiene que emanar esta subcomisión y, por supuesto, entendemos que nuestro grupo tiene que estar para participar, para compartir, para poder debatir y para hacer nuestras aportaciones a este sistema de trabajo. Por todo ello nos parecía mucho más esclarecedor la propuesta del Grupo Socialista que la del Grupo Popular, y así lo hmos dicho a su portavoz, y agradecemos que hayan podido llegar a un acuerdo y que, por lo tanto, no haya ningún debate en torno a la presencia de nuestro grupo en esa subcomisión. El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): Por el Grupo Nacionalista Vasco, perdón, por EA, señora Lasagabaster, tiene la palabra. La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Vamos en coalición en las elecciones, pero sigo siendo de Eusko Alkartasuna y seguiré siendo. (Risas.) Dicho esto, representando al Grupo Mixto, en este caso de ambas Cámaras, en esta Comisión, quiero señalar que no he podido escuchar, porque vengo de la Junta de Portavoces, cuál ha sido el texto final del acuerdo al que han llegado el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Sí nos congratulamos de que se pueda poner en marcha ya esta subcomisión en la medida en que yo creo que íbamos un poco retrasados respecto a lo que se está haciendo o se debiera estar haciendo con relación a esta Conferencia Intergubernamental. Recordemos que a finales de este año ya hay un plazo, el primero, de trabajo, y creo que sería importante plantearnos ya de facto cómo vamos a organizar los trabajos y cómo se van a hacer de cara al interés y objetivo de esta Conferencia, que es la apertura a la sociedad civil, y cuestiones de esta índole que no han sido tratadas en otras ocasiones y que tendremos que afrontar. En todo caso, manifiesto nuestro voto afirmativo y nuestro ruego o autorruego de que nos pongamos en marcha decididamente ya.

grupo que sustenta al Gobierno, en el proceso que se inicia ahora con vistas a la Conferencia Intergubernamental del 2004, que tiene como misión diseñar el futuro de la Unión Europea y, por lo tanto, introducir — esperamos que así sea— cambios sustantivos e importantes en el proceso de construcción europea, es que se pueda implicar en este proceso de forma amplia a toda la sociedad civil. En este sentido el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno propusieron la creación de esta subcomisión. Creemos que el Parlamento español y los diputados y senadores que representan a los ciudadanos españoles deben tomar la iniciativa de implicar a la sociedad en general, a los distintos estamentos de la sociedad, en un proceso tan importante como en el que estamos inmersos. Esperamos que esta subcomisión de seguimiento de la Conferencia del 2004 pueda cumplir sus objetivos no solamente de puertas adentro, sino también de puertas afuera. Para ello, ofrece su colaboración al resto de los grupos parlamentarios. El señor ESTRELLA PEDROLA: Una observación. Estando de acuerdo con todo lo dicho por todos los portavoces de los grupos parlamentarios, quiero señalar algo en lo que también estamos de acuerdo el Grupo Popular y el Grupo Socialista: la necesidad de que esta subcomisión tan importante iniciara sus trabajos con una sesión que quizá debiera realizarse en el ámbito de la Comisión en su conjunto y en la que compareciera el ministro de Asuntos Exteriores, con el fin de comenzar con una toma de posición del Gobierno y un pequeño debate. Y me permito sugerir también — aunque eso lo dejo a resulta de consultas ulteriores— la posibilidad de que para esa sesión o para otra muy próxima se pudiera pedir la presencia del ministro de Asuntos Exteriores durante la Presidencia sueca. Creo que sería una buena cosa y, lógicamente, requiere un ámbito como el de la Comisión. En fin, eso lo podemos discutir ulteriormente.

El señor VICEPRESIDENTE (Soravilla Fernández): El señor Martínez Casañ había pedido la palabra. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)

El señor PRESIDENTE: Estoy seguro de que el Gobierno dará toda clase de facilidades; de que colaborará intensamente para que los trabajos de esta subcomisión estén a la altura de las circunstancias que van a determinar este próximo año, hasta la Presidencia española. Antes de pasar a votar, quiero recordarles que, como me señalan los servicios de la Cámara, hay creada una subcomisión de seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea. ¿La subsumimos en ésta que creamos ahora o nos olvidamos de ella definitivamente y acordamos que queda suprimida por haber cumplido con la tarea que recibió en su momento? Lo digo porque, como en Windows, hay que cerrar las ventanas que abrimos.

El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Quiero decir simplemente que el deseo del Grupo Popular, que es el

El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Señor presidente, esa subcomisión no se llegó a crear, con lo cual no hay

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que subsumirla. La realidad es que la subcomisión a la que usted se refiere no se llegó a constituir. El señor PRESIDENTE: En puridad jurídica, se creó, pero no llegó a constituirse. Entonces, a efectos prácticos, habiéndose creado y no habiéndose constituido, todo lo que de ella deriva queda subsumido en la que hoy creamos. ¿Les parece? (Asentimiento.) Pasamos a la votación de la creación de la subcomisión para el seguimiento de la Conferencia Intergubernamental de la Unión Europea. Hay dos iniciativas, ¿cuál es la que prevalece? El señor ESTRELLA PEDROLA: El texto que ha leído el portavoz del Grupo Popular. El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Subcomisión para el seguimiento de la Conferencia Intergubernamental del 2004 sobre el futuro de la Unión Europea. El señor PRESIDENTE: Milagrosamente, hay un texto común consensuado previamente. ¿Se aprueba por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado. Me señalan los servicios de la Cámara que hay que dar otro turno de intervenciones a los portavoces que lo deseen sobre la propuesta de creación de una subcomisión de seguimiento de la ampliación de la Unión Europea. El señor ESTRELLA PEDROLA: El acuerdo entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista se refiere a ambas subcomisiones y, por tanto, las modificaciones en cuanto a las características, funcionamiento, composición, etcétera, de la subcomisión sobre la ampliación son exactamente las mismas que se han aprobado para la subcomisión anterior. No es preciso explicar las

razones y la importancia de esta subcomisión, que deberá seguir un proceso que prácticamente va a coincidir con el iter de esta legislatura y también con el de la Conferencia Intergubernamental. Por tanto, creo que estamos en condiciones de votar directamente, salvo que alguien quiera intervenir. El señor PRESIDENTE: Eso es muy interesante, pero era necesario que alguien lo dijera para que conste en acta. Los acuerdos a los que llegan los portavoces, sin duda ayudan a la buena marcha de la Comisión, pero deben hacerse públicos, recogerse en acta y que los demás portavoces se enteren, para que todo el mundo pueda dar su visto bueno. ¿Señor Martínez Casañ? El señor MARTÍNEZ CASAÑ: Simplemente quiero corroborar lo expresado por el portavoz del Grupo Socialista en relación al acuerdo sobre la creación de la subcomisión para seguir el proceso de ampliación. El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz desea añadir algo? (Pausa.) ¿Se aprueba la creación de esta segunda subcomisión? (Asentimiento.) Para que no quede ninguna duda, hemos creado dos subcomisiones: una, para el seguimiento del proceso de ampliación de la Unión Europea, y otra, para el seguimiento de la Conferencia Intergubernamental, y en esta segunda hemos subsumido los trabajos encargados a una que llegó a crearse, pero no a constituirse, con igual propósito. Muchas gracias a todos por su atención. Se levanta la sesión. Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.

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